El Estado de Honduras ha firmado un documento de entendimiento inicial con la Organización de las Naciones Unidas que tiene como fin la instalación de una Misión Internacional contra la Impunidad que ayude a investigar y encausar crímenes de corrupción de alto impacto en la administración pública y privada.
Es clarísimo que el sistema de justicia en el país está en la calle de la amargura desde hace larga data, estructuras criminales se han incrustado en el alma del estado mismo operando sin ningún tipo de estorbo; más al contrario, con claro contubernio de las autoridades de las distintas dependencias.
Ciertamente es un problema endémico que será harto difícil enfrentar y vencer, pues ya forma parte del mismo sistema que admite y hasta casi alienta las estratagemas de salirse con la suya al cual superior cabecilla de mafia. No estamos hablando de la delincuencia común que roba teléfonos en las calles, es mucho más peligroso, son las estructuras que drenan el presupuesto de la administración robando la esperanza misma del país.
Estamos entonces ante dos circunstancias vitales que serán determinantes para rescatar el estado fallido en el cual se convirtió el país en la década anterior: por un lado la instalación de la Cicih con carácter realmente independiente y con acción penal; y en la otra cara de la moneda la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia a partir de marzo de 2023.
Es claro que no existe sociedad desarrollada con altísimos niveles de impunidad como los nuestros; es decir, la justicia como parangón estructural es pieza firme en el andamiaje de todo Estado de derecho que es, al final del día, el requisito sine qua non para avanzar a mayores niveles de desarrollo.
Una tenue luz aparece en la oscuridad, la sociedad hondureña demanda que efectivamente este inicio tenga desarrollo pleno con la concreta llegada de la misión; ya es tiempo de ver tras las rejas a los de corbata que se han burlado de este noble pueblo que no merece tal ignominia de la postración permanente ante un estado corrupto.
