De mis primeras memorias (1975-76) era que mi mamá nos daba mantequilla de cacahuate en bote sin etiqueta. Ella nos explicó que era ayuda enviada desde Estados Unidos para beneficio de las víctimas del huracán Fifí, y que había sido revendida por los beneficiarios (ya que era un “producto exótico”) o por las mismas personas responsables de manejar la ayuda (posiblemente para lucro propio).
La narrativa derivada de esta historia, y que es compartida por muchos conciudadanos, es de que no tenemos mucha capacidad de generar ayuda localmente. Adicionalmente, la ayuda externa se puede malversar o desperdiciarse, especialmente de parte del gobierno.
Con los avances de la educación, comunicaciones, y económicos las capacidades de la sociedad de responder a los desastres se han multiplicado exponencialmente. Estas son descentralizadas, autónomas, y muy adaptables a las circunstancias.
Las capacidades del sector público han crecido también, pero la confianza pública dista mucho de ser alcanzada por situaciones de dominio público.
Creemos que los más importante para lograr responder de forma adecuada es definir cuál es el rol del Estado en el manejo de esta área. Este, definitivamente, debe incluir la gestión de ayudas gubernamentales de países o instituciones públicas afines, compartir información de coordinación, y atender donde el voluntariado ciudadano no logre llegar.
Existen acciones que no van con este rol, sino más bien lo degradan. Una de ellas es evitar publicitar la atención a la emergencia, en vez de la emergencia en sí.
Se espera liderazgo de los funcionarios alertando a los peligros y carencias, de una forma profesional y enfocada en el público.
