Ya lo hemos expuesto en esta columna, que el principio de la unidad y de la reconciliación nacional no es una figura inventada por nadie, mucho menos por el autor del llamado Acuerdo de San José que así lo prevé, sino que es un mandato constitucional refundido en el Art. 5 de nuestra Carta Magna.
Todos los gobiernos que se establezcan a partir de la vigencia de la actual Constitución Política sancionada el 11 de Enero de 1982 deben cumplir con este mandato, lo que todavía no ha acontecido creemos, que por el excesivo clientelismo político y por los compromisos que cada presidente lleva en su agenda oficial.
Por eso nos ha llamado la atención las palabras que el candidato Juan Orlando Hernández expresara al declararse como presidente electo, manifestando que haría un gobierno de reconciliación nacional para evitar más divisiones en la familia hondureña, y más deterioro social de la nación. Creemos que las condiciones para cumplir con este mandato constitucional están dadas, no solamente porque es un punto del Acuerdo de San José-Tegucigalpa antes aludido, sino porque también la comunidad internacional así lo ha demandado para evitar otra crisis política como la ocurrida en el año 2009 que puso en vilo al país. Le tomamos la palabra al virtual presidente electo, quien ha ofrecido además instaurar un gran diálogo nacional para hacer un verdadero Plan de Nación como conclusión de los comicios generales desarrollados masivamente por el pueblo hondureño, en lo que algunos observadores internacionales han llamado “históricos”.
Los cambios que indudablemente se avecinan deben ser profundos, no simples maquillajes, sin imposiciones de ninguna clase y sin los temores anunciados por una clase política. El tema de la unidad y de la conciliación tiene dos aristas, el antes y el después de las elecciones generales, el primero relacionado en el Acuerdo de San José-Tegucigalpa que le correspondía implementar a Pepe Lobo lo cual este no cumplió, y el segundo que le corresponde al presidente entrante, a quien le tocará, si es que desea salir por la puerta grande de la historia, restaurar nuestra credibilidad como nación, frente a una expectante comunidad de países que así lo han demandado previamente, y a los legítimos anhelos del pueblo hondureño que ya no soportaría un desgaste más a nuestra institucionalidad producido por los desafueros y malas ejecutorias de los anteriores gobiernos.
Los intereses de nuestro país deben ser superiores a los intereses personales o de grupo, a las necesidades de clase y a las ambiciones de partido; las viejas rencillas de antaño deben desaparecer en la realización de un gobierno para todos y de todos, que asegure y fortalezca el progreso de Honduras.
