El Congreso Nacional es el centro de la vida política de un Estado republicano. La actividad parlamentaria supone una importancia capital para un efectivo Estado de derecho que se erige como baluarte de la institucionalidad de cualquier nación que pretenda desarrollo.
Ahora mismo y de manera simultánea mientras el Consejo Nacional Electoral hace recuento público de votos en más de cuatro mil actas en nivel de diputaciones, también se cocinan acuerdos y alianzas legislativas que buscan asegurar mayoría en el hemiciclo.
El nuevo partido oficialista, Libertad y Refundación, tendrá mayor cantidad de diputados más no los suficientes para impulsar por sí mismo reformas que son compromiso y promesa electoral, para ello debe asegurar la alianza con los diputados del Partido Salvador de Honduras y ahora con los diputados electos del Partido Liberal.
Ante ese escenario, y si dicha alianza tripartidaria se fortalece para la elección del nuevo presidente o presidenta del poder legislativo, y más aún para la elección transparente de la nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Fiscal General de la república, nuevo Procurador General de la república, se habrá de tener una oportunidad histórica.
Esta coyuntura tendrá la responsabilidad de derogar tantísimas leyes nefastas que el espurio congreso actual aprobó con intereses mezquinos; desafortunadamente lo que debió ser una mesa con patas fuertes y de estabilidad política terminó siendo un catre flojo que será recordado como un período negro en las efemérides legislativas.
No se trata de transar ni de pactar en la oscuridad asuntos que lesionan los intereses nacionales, sino procesos normales de negociaciones que buscan llegar a entendimientos para la gobernabilidad del Estado. El pueblo hondureño se hastió de lo mismo, es por ello que es menester que la clase política comprenda si o si el mensaje claro y contundente expresado por las mayorías en las recientes elecciones generales.
