Por: Rebecca Hanson, David Smilde y Verónica Zubillaga/The New York Times
El Gobierno de Trump deportó a veintenas de venezolanos a El Salvador el mes pasado, enviándolos a una prisión de máxima seguridad para pandilleros. La Administración afirmó que la mayoría de los hombres pertenecía a la pandilla venezolana Tren de Aragua, un grupo que la orden ejecutiva decretando las deportaciones decía está “llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra Estados Unidos”.
Tren de Aragua no está invadiendo EU. Mientras que la organización de investigación InSight Crime, que tiene años rastreando a la pandilla, ha encontrado que tiene una presencia limitada en EU, los investigadores no han encontrado evidencia de que tenga células organizadas en el País que cooperan entre sí, y mucho menos que reciban instrucciones del extranjero. Las exageradas afirmaciones del Gobierno y la consiguiente preocupación pública sobre las actividades del grupo en EU constituyen un pánico moral clásico, en el que algunos crímenes son citados por los políticos como evidencia de una amenaza urgente a la sociedad.
Sin duda, Tren de Aragua es un grupo peligroso, responsable de crímenes horrendos en Sudamérica. Los tres hemos dedicado décadas a estudiar la violencia en Venezuela. Pero para crear un mundo más seguro es fundamental llegar a los hechos, las causas y las soluciones correctas. Hasta ahora, muchos políticos, policías y periodistas de EU no lo han hecho.
Tren de Aragua fue designado recientemente como organización terrorista por Estados Unidos, junto con grupos mucho más consolidados como la Mara Salvatrucha en El Salvador y cárteles en México. Calificar de terroristas a los grupos criminales siempre es una distorsión, ya que no suelen buscar cambiar las políticas gubernamentales.
En comparación con estos otros, Tren de Aragua es una organización relativamente joven, con una capacidad relativamente limitada y sin aspiraciones políticas históricas. Desde el 2023, cuando el Ejército venezolano irrumpió en la prisión que Tren de Aragua controlaba como su cuartel general, la pandilla se ha dispersado cada vez más y carecido de una organización centralizada.
Las operaciones delictivas de Tren de Aragua se centran principalmente en el tráfico ilícito de migrantes y la explotación sexual de migrantes venezolanos en Colombia, Chile y Perú. Ninguna de las principales actividades económicas del grupo sugiere una expansión significativa fuera de Sudamérica. Aunque los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) revelaron poco sobre cómo se identificó a los hombres deportados el mes pasado, ahora sabemos que los agentes de ICE utilizan una rúbrica para determinar si alguien es miembro de Tren de Aragua, incluyendo símbolos y logotipos, como tatuajes. La designación de tatuajes como identificador de pandillas presuntamente proviene de la práctica de las pandillas centroamericanas de indicar la membresía mediante tatuajes, pero nuestra investigación sugiere que Tren de Aragua, y las pandillas venezolanas en general, no tienen historial de hacerlo.
El Gobierno de Trump ha sugerido que Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela, envió a miembros de Tren de Aragua y otras pandillas venezolanas a EU para desestabilizar el País. Pero en febrero, las agencias de inteligencia de EU presuntamente circularon internamente conclusiones que indicaban que Tren de Aragua no está controlado por el Gobierno de Maduro y que los pandilleros que están en EU no fueron enviados por éste.
Aunque hay actividad criminal dentro del régimen de Maduro, su relación con grupos criminales constituye un mosaico inestable, con grupos armados rivales que colaboran temporalmente con el Gobierno cuando sus diversos intereses se traslapan. Lo mismo ocurre con Tren de Aragua: aunque ha habido momentos en que el grupo y el Gobierno de Maduro negociaron pactos que favorecían sus intereses, su relación es mejor descrita como antagónica y competitiva.
Algunos reportes noticiosos sobre presuntos miembros del Tren de Aragua los describen como responsables de delitos graves en EU. Los arrestos se han debido principalmente a delitos como farderismo, robo con allanamiento de morada y robo de teléfonos celulares. Y con aproximadamente 770 mil inmigrantes venezolanos viviendo en EU al 2023, otros también han cometido delitos.
Pese a las afirmaciones del Presidente Donald Trump, EU no se encuentra en medio de una ola de delincuencia; los datos del FBI muestran que la delincuencia disminuyó el año pasado.
Las deportaciones de más de 200 hombres venezolanos a una prisión salvadoreña por parte del Gobierno de Trump probablemente ayudarán a disuadir la migración, pero hay maneras de frenar la inmigración que no dependen de la criminalización masiva, la detención arbitraria y la violación del debido proceso.
Reanudar el debate sobre la propuesta de reforma migratoria desarrollada por el Senado estadounidense en el 2023 y 2024 sería un buen punto de partida. La mayoría de los involucrados en el sistema de revisión de refugiados e inmigrantes coinciden en que no adjudica los casos con prontitud y necesita ser fortalecido. Se deberían considerar propuestas interesantes de organizaciones sin fines de lucro —por ejemplo, la de conectar a inmigrantes con comunidades con escasez de mano de obra. Y dado que la mayoría de los migrantes huye de la pobreza y la violencia en sus países de origen, se debería prestar más atención a fortalecer la democracia y la prosperidad al sur de la frontera de EU.
Ninguna de estas iniciativas es probable en una Administración que parece empeñada en políticas coercitivas y disuasivas. Pero los funcionarios de inmigración deben respetar el estado de derecho y los derechos humanos. Las acciones de la Administración Trump a la fecha han hacho eco a algunas de las tácticas del régimen venezolano, del que presumiblemente huyeron muchos de estos hombres. Acciones así reducen la credibilidad de EU y envalentonan a los autoritarios.
Rebecca Hanson es profesora de sociología en la Universidad de Florida. David Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane, en Louisiana. Verónica Zubillaga es socióloga y codirectora de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia, una organización no gubernamental contra la violencia en Caracas, Venezuela. Comentarios a intelligence@nytimes.com.
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