Por: Emily Baumgaertner Nunn, Nina Agrawal y Jessica Silver-Greenberg/The New York Times
Un hombre yacía en una acera de la ciudad de Nueva York con una herida de bala, agarrándose el costado. Emily Borghard, trabajadora social, lo encontró y sacó su teléfono para pedir ayuda. Pero él le rogó que no lo hiciera, dijo.
“No, no, no”, dijo, diciéndole en español que sería deportado. Borghard intentó explicarle que la ley federal exigía que los hospitales lo atendieran, independientemente de su estatus migratorio, pero él estaba aterrorizado.
“Dijo, ‘Si voy a urgencias, eso me pondrá en su radar’”, dijo.
En todo Estados Unidos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales están cada vez más preocupados por el hecho de que personas con afecciones médicas graves, como lesiones, enfermedades crónicas y embarazos de alto riesgo, están renunciando a la atención médica por temor a ser detenidas por las autoridades de inmigración. Desde que la Administración Trump anunció planes de deportaciones masivas y derogó una política de la era Biden que protegía de las autoridades migratorias a espacios como hospitales, clínicas médicas e iglesias, los médicos afirman haber observado un fuerte aumento en la ansiedad de los pacientes y en la falta de asistencia a citas.
Si la tendencia continúa, dicen los funcionarios de salud, la lista de consecuencias podría ser larga: enfermedades infecciosas que circulan innecesariamente; aumento a los costos de la atención médica debido a enfermedades crónicas sin tratar; y complicaciones peligrosas en el parto, entre otras.
En una encuesta realizada por KFF, una organización de investigación sobre políticas de salud, el 31 por ciento de los inmigrantes afirmó que las preocupaciones sobre el estatus migratorio —ya sea el suyo o el de un familiar— estaban afectando negativamente su salud. Alrededor del 20 por ciento de los inmigrantes encuestados afirmó tener dificultades para comer y dormir; el 31 por ciento reportó un empeoramiento de estrés y ansiedad.
Cuando la Administración anunció el fin a las protecciones en los hospitales el 21 de enero, afirmó que la nueva política tenía como objetivo “hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a extranjeros delincuentes”.
“Realmente estamos creando no sólo riesgos de salud muy graves, sino también riesgos económicos a largo plazo para nuestro País”, declaró Julie Linton, pediatra y miembro del comité sobre asuntos del Gobierno federal de la Academia Estadounidense de Pediatría.
Muchas comunidades inmigrantes padecen altas tasas de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, que, si no se tratan, pueden provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves.
Jim Mangia, presidente de la Red de Salud Comunitaria St. John’s, en Los Ángeles, describió a una paciente con diabetes que dejó de asistir a una clase semanal de educación sobre diabetes. Un miembro del personal de la clínica que llamó a la mujer descubrió que tenía miedo incluso de ir al supermercado y que llevaba días subsistiendo a base de tortillas y café, comentó.
“Gracias a Dios que pudimos contactarla y vino”, dijo Mangia. Las pruebas mostraron que su nivel de azúcar en la sangre estaba peligrosamente elevado.
Theresa Cheng, doctora de urgencias del Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg de San Francisco, comentó que atendió a una paciente a finales de enero con diabetes grave sin tratar. La paciente, una mujer indocumentada, había esperado para recibir ayuda por miedo. Falleció ese mismo día.
Algunos centros médicos han dicho que acatarán a los funcionarios de inmigración. NYU Langone, en la ciudad de Nueva York, envió un memorándum a sus empleados advirtiéndoles que no intentaran proteger a los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, muchos otros centros y organizaciones de salud están encontrando maneras de oponerse. La red de clínicas St. John’s en Los Ángeles lanzó recientemente un programa de visitas domiciliarias en el que un médico, una enfermera y un asistente médico visitan a los pacientes en sus domicilios para realizarles exámenes y administrarles medicamentos. Su objetivo es informar a sus 25 mil pacientes indocumentados sobre esta opción.
Sarah Kliff contribuyó con reportes a este artículo.
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