Por: Luke Broadwater/The New York Times
WASHINGTON — Mientras que el Departamento de Justicia de EU argumenta en el tribunal que está trabajando para cumplir con las órdenes de los jueces de brindar a los migrantes el debido proceso antes de deportarlos, el Presidente Donald J. Trump y sus principales asesores están presentando cada vez con más frecuencia un argumento completamente diferente: ¿Por qué deberíamos hacerlo?
En su campaña por detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes con la mayor rapidez posible, la Administración Trump ha abandonado cualquier semblanza de estar sujeta a los límites constitucionales que han restringido a los Presidentes de ambos partidos en el pasado en materia de inmigración.
En lugar de ello, afirman que cuando se trata de personas que ingresaron ilegalmente a EU, el Presidente tiene poder ilimitado para expulsarlas sin recurso.
“Los estamos sacando, y un juez no puede decir, ‘No, tiene que haber un juicio’”, dijo Trump el 22 de abril. “El juicio va a durar dos años. Vamos a tener un País muy peligroso si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer”.
Hizo comentarios similares en las redes sociales, al escribir, “No podemos dar juicio a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años”.
Estas declaraciones alarman a los expertos legales, quienes señalan que en Estados Unidos los derechos civiles son para todos, no sólo para los ciudadanos.
“Es tremendamente inquietante”, dijo Erwin Chemerinsky, rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Berkeley. “Es sumamente preocupante escuchar al Presidente y a los altos funcionarios del poder ejecutivo tener en tan baja estima a la Constitución de Estados Unidos. Es importante enfatizar que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda dice que ninguna persona puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal’. No dice ‘ciudadano’”.
Thomas D. Homan, el “zar fronterizo” de Trump, dijo, “Me parece increíble que exista cada vez más y más toda esta presión por debido proceso, más proceso para estos grupos terroristas designados, cuando, de hecho, nadie solicitó debido proceso cuando cruzó la frontera”.
La Suprema Corte de EU ha sostenido que los inmigrantes en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, tienen garantizado el derecho al debido proceso, pero lo que se considera debido proceso varía según el estatus legal y las circunstancias de la persona. El Congreso de EU ha creado un proceso acelerado para la deportación de inmigrantes indocumentados recién llegados al País, con limitadas oportunidades de revisión judicial.
Sin embargo, la Administración Trump intenta ir más allá de ese proceso invocando poderes de guerra que erosionan principios fundamentales de la sociedad estadounidense, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien es el principal asesor legal en las impugnaciones al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración.
“El derecho al debido proceso no es un lujo, sino uno de los principios fundamentales de nuestra nación, que nos distingue de los regímenes autoritarios donde alguien puede ser detenido en la calle y nunca más se sabe de él”, afirmó.
Algunos de los hombres deportados por la Administración Trump habían sido identificados como pandilleros por sus tatuajes o ciertas prendas de vestir, incluyendo una camiseta de basquetbol de los Chicago Bulls.
“Los gobiernos cometen errores, y el debido proceso es una forma de garantizar que, si alguien va a ser deportado, lo sea legalmente”, afirmó Chemerinsky.
En un intento por evadir el proceso habitual, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes que él acusó de ser miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla callejera venezolana que la Administración dijo había invadido a Estados Unidos. La ley, aprobada en 1798, sólo se había aplicado tres veces en la historia de EU, todas durante periodos de guerra declarada.
Sin embargo, la Administración Trump se ha topado con abogados y jueces impidiendo el paso.
En una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, la jueza Patricia Millett señaló que la última vez que se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, contra presuntos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los acusados recibieron un aviso de 30 días para impugnar la acusación y una audiencia.
“Los nazis recibieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que ha ocurrido aquí”, declaró la jueza Millett en marzo.
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