Por: Liz Alderman/The New York Times
BARCELONA, España — En 33 años, Marga Aguilar nunca dejó de cumplir con el pago de la renta de su departamento en un edificio de estilo modernista en el corazón de Barcelona. El dueño del edificio siempre la había tratado a ella y a los demás inquilinos como si fueran familia, y mantenía las rentas razonables.
Pero cuando el dueño falleció recientemente, Aguilar, de 62 años, recibió un cubetazo de agua fría. Un fondo de inversión holandés se abalanzó a comprar el edificio con planes de convertir los departamentos en lucrativas rentas temporales. Los inquilinos recibieron avisos de desalojar el inmueble el mes siguiente.
“Me sentí desfallecer”, dijo Aguilar, cuyo padre, de 92 años, se había mudado con ella durante la pandemia. “No sabemos a dónde vamos a ir”.
España enfrenta una crisis de vivienda que se ha convertido en una de las más agudas de Europa. Desde el 2015, casi una décima parte de las viviendas del País ha sido comprado por inversionistas o convertido en rentas turísticas. La escasez ha contribuido a que los precios suban mucho más rápido que los salarios, dejando las viviendas costeables fuera del alcance de muchos.
La situación es compleja, quizás más particularmente en Barcelona, que se ha convertido en el epicentro del problema de la vivienda en España —y en un crisol de los retos por intentar solucionarlo.
Pese a los esfuerzos por ayudar a los residentes a conseguir viviendas costeables, los inversionistas han encontrado maneras de eludir las normas. Mientras las autoridades se apresuran a lidiar con la situación, los expertos advierten que tomará tiempo abordar un problema que lleva años gestándose.
“La vivienda debe ser un derecho, no un negocio”, declaró Salvador Illa, presidente de Cataluña, la región española que abarca Barcelona.
Los problemas de Barcelona reflejan la situación que azota a otras ciudades europeas: los inversionistas han convertido los inmuebles residenciales en activos financieros.
El problema de la costeabilidad se ha convertido en uno de los principales impulsores de la desigualdad en Europa. En el 2023, uno de cada 10 europeos gastó el 40 por ciento o más de sus ingresos en vivienda.
El derecho a la vivienda está protegido por la Constitución Española. Sin embargo, los precios de las rentas han aumentado 57 por ciento en el País desde el 2015 y los precios de las viviendas 47 por ciento, mientras que los ingresos familiares sólo han crecido 33 por ciento, afirma PwC. Tan sólo en Barcelona, las rentas se dispararon 68 por ciento en una década.
El Gobierno catalán planea colaborar con desarrolladores para construir 50 mil viviendas costeables para el 2030. También está buscando que se reduzcan a la mitad los plazos de aprobación de los permisos. “Cuando el mercado está roto, hay que intervenir”, dijo Illa.
Las autoridades de Barcelona han buscado otras maneras de mantener a los inquilinos en sus viviendas, incluyendo comprar edificios a inversionistas. El año pasado, la Ciudad gastó 9 millones de euros en la recompra de Casa Orsola, un histórico edificio residencial adquirido por el inversionista español Lioness Inversiones en el 2021 por 6 millones de euros.
Pero los activistas afirman que las medidas no sirven de mucho para resolver una crisis inmediata. En lugar de eso, están presionando al Gobierno para que obligue a los propietarios y bancos que tienen hipotecas en mora a destinar 4 millones de casas vacías en España —unas 75 mil de ellas en Barcelona— a rentas a largo plazo.
“La gente se está viendo obligada a abandonar sus hogares cada día, y esta es una solución inmediata”, declaró Max Carbonell, portavoz de la Unión Socialista de la Vivienda de Cataluña. “¿Para qué construir cuando ya hay viviendas?”.
Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con la construcción de más viviendas.
José Bautista contribuyó con reportes a este artículo.
©The New York Times Company 2025
