The New York Times
Por: Jorge Valencia/The New York Times
BOGOTÁ, Colombia — Cuando Colombia firmó un acuerdo de paz con los rebeldes en el 2016, fue celebrado internacionalmente por poner fin a una guerra que había devastado a gran parte del País durante décadas. Estados Unidos impulsó los esfuerzos de paz, ayudando a los agricultores desplazados a regresar a sus tierras y ayudando a enjuiciar los crímenes de guerra.
Ahora, el apoyo del Gobierno estadounidense —el principal respaldo económico extranjero del acuerdo— ha desaparecido.
A medida que la Administración Trump ha retirado la mayor parte de la ayuda extranjera a nivel mundial, incluyendo desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha socavado un acuerdo diseñado, en parte, para reducir el flujo de drogas a Estados Unidos.
“Esto les da alas a los grupos armados”, dijo León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, un grupo con sede en Bogotá que trabaja en temas de postconflicto y había recibido fondos estadounidenses. “Pueden decir a las guerrillas desmovilizadas o a las víctimas que el Gobierno firmó un acuerdo de paz y no cumplió su promesa”.
Desde el 2001, USAID ha invertido unos 3.9 mil millones de dólares en Colombia. Mientras que los Departamentos de Defensa y de Estado de EU canalizaron el gasto militar en la década del 2000 hacia un plan para erradicar el cultivo de coca, USAID inyectó fondos a proyectos de desarrollo económico relacionados.
Luego, tras la firma del acuerdo de paz entre Colombia y el grupo guerrillero más grande y antiguo del País, EU también destinó el gasto a proyectos que ayudaron a los funcionarios colombianos a cumplir el acuerdo. El grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenía 60 años combatiendo al Gobierno.
A los retos de Colombia durante la segunda Administración Trump se ha sumado la retirada del apoyo del Departamento de Estado, que ayudaba a financiar iniciativas como operaciones antinarcóticos y el retiro de minas terrestres.
Como resultado, se han producido reveses para el Ejército y la policía que podrían beneficiar a los grupos criminales.
En pueblos y zonas rurales de Colombia donde los grupos armados aún siguen activos, los proyectos de USAID habían sido vitales para ayudar a mantener la estabilidad, arrojaron entrevistas con 14 empleados o contratistas actuales o anteriores de la agencia en Colombia.
“Hay partes del País donde están los malos y luego está USAID”, dijo un ex contratista, quien trabajaba para una organización sin fines de lucro que suspendió su labor de tratar de evitar que los jóvenes se unan a grupos armados, al detenerse su financiamiento estadounidense.
USAID también había ayudado a Colombia a brindar servicios a los más de 2.8 millones de migrantes de Venezuela que han llegado en la última década.
Aún así, el apoyo estadounidense no es del todo bienvenido en Colombia. Muchos políticos conservadores coinciden con las afirmaciones de la Administración Trump de que es un uso ineficiente de fondos, mientras que algunos políticos de izquierda dicen que el dinero estadounidense es un instrumento para controlar a la sociedad colombiana.
Gustavo Petro, el Presidente izquierdista de Colombia, cuestionó por qué la ayuda estadounidense se destinaba a fortalecer las agencias de inmigración y aduanas del País, diciendo que ello vulneraba la soberanía colombiana. “Trump tiene razón”, dijo en un discurso. “Tomen su dinero”.
La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal dedicado a juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno, que dejó al menos 450 mil muertos, ha sido fundamental para ayudar al País a consolidar una paz duradera.
La asistencia estadounidense representa alrededor del 10 por ciento del apoyo extranjero al tribunal, informaron funcionarios judiciales. Estados Unidos brindó apoyo técnico y logístico en tres de los casos de gran envergadura de la corte —cada uno representando a miles de víctimas.
La pérdida de la ayuda estadounidense desacelerará el trabajo del tribunal, de acuerdo con funcionarios judiciales. El financiamiento de USAID también ayudó al Gobierno colombiano a mapear más de un millón de hectáreas en territorios afectados por el conflicto, un elemento clave para el acuerdo de paz. El Gobierno prometió otorgar la propiedad formal de la tierra a campesinos de bajos recursos.
En Cáceres, en la montañosa región de Antioquia, se emitieron títulos de propiedad a 230 familias que aceptaron dejar de cultivar hoja de coca, la base de la cocaína, a cambio de la propiedad de la tierra.
“La importancia de USAID es evidente”, declaró la Agencia Nacional de Tierras en un comunicado.
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