Costa Rica y Nicaragua se atribuyeron el “triunfo” por las medidas cautelares dictadas ayer por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que les ordenó no enviar ni estacionar personal en la zona que ambos se disputan en el fronterizo río San Juan.
Los jueces de la CIJ decidieron por “unanimidad” que los dos países no pueden “enviar o estacionar en la zona en disputa” personal civil o militar, y que sólo Costa Rica podrá mandar a civiles para “proteger el medioambiente”, cuando sea necesario para evitar daños a los humedales y tras notificárselo a Nicaragua.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró que este dictamen de la CIJ ha “superado las expectativas” de su Gobierno y que abre un espacio para iniciar un “proceso de normalización de las relaciones” con Nicaragua, aunque aclaró que Costa Rica “no renunciará” a su derecho soberano sobre ese territorio.
“Sobran razones para celebrar”, dijo Chinchilla en un mensaje a la nación, en presencia de diputados y funcionarios de todos los poderes del Estado refiriéndose a la prohibición de la CIJ a los dos países de enviar personal a la zona fronteriza en disputa.
También el embajador costarricense ante la ONU, Eduardo Ulibarri, calificó de “triunfo” el dictamen de la CIJ y dijo que la orden de “despejar la zona” es “muy importante para Costa Rica, para el derecho internacional y para la estrategia que hasta ahora ha seguido el país”.
Sin embargo, la Corte desestimó la petición de Costa Rica para que Nicaragua dejase de realizar labores de dragado sobre el fronterizo río San Juan, pero sí impidió dragar sobre el caño que conecta ese río y laguna Los Portillos, aunque esas obras ya están finalizadas.
Para Managua, esta ha sido su principal victoria en esta decisión de medidas cautelares, ya que se reconoce su “derecho para dragar” el río San Juan y no quedan “como invasores”, según aseguró el vicecanciller nicaragüense para la Asuntos de Cooperación Externa, Valdarack Jaentschke.
También el director de asuntos jurídicos de la Cancillería nicaragüense, César Vega, destacó que la CIJ decidió que si Costa Rica requiere enviar una misión medioambiental a la zona, “tiene que consultar con Nicaragua y avisarle previamente para determinar si se están causando daños a los humedales”.
Sin reacción
El Gobierno de Managua aún no se ha pronunciado sobre la prohibición de enviar personal de seguridad a la zona, algo que ha venido defendiendo ante Costa Rica en los últimos meses esgrimiendo la necesidad de combatir el narcotráfico internacional.
Los jueces de la CIJ especificaron que Costa Rica y Nicaragua deben luchar contra el crimen organizado desde sus respectivas orillas del río, pero no sobre el terreno de isla Portillos, en el extremo norte de isla Calero, ni sobre las aguas del caño que Nicaragua ha dragado, pues la Corte debe determinar a quién pertenece el territorio sobre el que se ubica ese canal.
Aunque el Gobierno de Nicaragua no ha hecho ningún anuncio oficial del retiro de sus tropas en la zona de conflicto, viene reiterando últimamente que no mantiene personal militar permanente en ese sector, pese a lo cual las autoridades de Costa Rica siguen denunciando “incursiones” al territorio objeto del litigio. Hasta ahora Managua ha justificado que la presencia “no permanente” de tropas en esa zona responde a combatir el narcotráfico internacional y el crimen organizado.
El dictamen de la CIJ también pide a las partes “abstenerse” de cualquier acción que pueda agravar el conflicto, algo en lo que sí parecen coincidir ambos Gobiernos, a tenor de sus renovados llamamientos al diálogo.
Aunque aclaró que San José “no renunciará” a su derecho soberano sobre el territorio en litigio, Chinchilla dijo en su mensaje al país que la resolución de la CIJ abre un espacio para iniciar un “proceso de normalización de las relaciones” con Managua.
“Estamos dispuestos a volver a la mesa de trabajo una vez que se confirme el acatamiento pleno de Nicaragua” y bajo el acompañamiento y “buenos oficios “de países amigos como México, Guatemala o España, aseguró la presidente costarricense.
