La SIP criticó ayer la intención de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, de enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar de “interés público” la producción, distribución y comercialización de papel para periódicos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó la posible presentación del proyecto como una “medida inconstitucional” con la que se pretende “el control de los medios”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, manifestó sorpresa porque el Gobierno argentino llegó a “esas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación” mediante la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico.
Un insumo básico, agregó, de la industria periodística que en Argentina “no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento y no tiene por qué tener regulaciones especiales”.
Reacciones
En consonancia con expresiones del abogado constitucionalista argentino Gregorio Badeni, Aguirre afirmó que “es absurdo que el Gobierno vaya en contra de la propia Constitución”.
“En cuyo artículo 32 se establece expresamente que ‘el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal’, lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa”, precisó.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, agregó que “es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y regularizar la actividad”, lo que denota una “posibilidad precisa de avance sobre los medios y de control a la libertad de prensa a través del insumo”.Explicó que la SIP siempre fue caja de resonancia en sus asambleas sobre las disputas entre periodistas, representantes y propietarios de medios sobre el fabricante Papel Prensa, así como miembros de Adepa y de Adira (instituciones de diarios argentinos) sobre el precio del papel, los aranceles de importación y la connivencia entre empresas privadas con el Estado.
“Tuvimos asambleas con días enteros de discusión al respecto, pero jamás nadie puso en duda la legitimidad de la compra y propiedad de esa fábrica”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, subrayó que esa organización en una resolución en marzo pasado denunció “la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa”.
Al tiempo que se pidió al Gobierno velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, “vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo”.
