Texas ha enviado en un mes 35 autobuses con migrantes indocumentados a Washington DC en respuesta a la decisión del Gobierno del presidente Joe Biden de rescindir la normativa sanitaria que permite expulsarlos por la pandemia de covid-19, informó la noche del vienes el gobernador Greg Abbott.
En un comunicado el gobernador republicano informó que ha llevado 922 migrantes hasta la capital de Estados Unidos desde que comenzaron los traslados a mediados de abril.
Ayer viernes se cumplió un mes de que Abbott ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas fletar autobuses para transportar migrantes desde las comunidades fronterizas a Washington, como parte del Operación Estrella Solitaria para reforzar la seguridad fronteriza.
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En su cruzada contra el Gobierno Biden, el gobernador, conocido por sus posturas ultraconservadoras, lanzó a finales de abril un sitio web para aceptar donaciones de personas que desean ayudar con el transporte de los indocumentados.
Por su parte el gobernador de Arizona, Doug Ducey, decidió emular las acciones y envió esta semana el primer autobús con migrantes desde ese estado a la capital esradounidense. A diferencia de la estrategia para financiar el transporte empleada por Texas, Ducey espera que la Administración Biden pague la cuenta.
“Este es un problema causado por Washington. Lo estamos trayendo a Washington, y esperamos que Washington (el Gobierno Biden) pague la factura. Les enviaremos una factura”, dijo el portavoz de Ducey, C.J. Karamargin, al periódico Washington Examiner el jueves por la tarde.
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Todos los indocumentados que son transportados en los autobuses se suben de manera voluntaria. Los migrantes han sido liberados por las autoridades de inmigración para que sigan sus casos en libertad, señalan los activistas que han criticado las acciones del gobernador de Texas. Texas, Arizona, y otros estados conservadores mantienen un pulso con la Casa Blanca por el Título 42.
El Gobierno de Biden ha anunciado que la aplicación de la medida llegará a su fin el próximo 23 de mayo tras la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pero dichos estados presentaron una demanda para impedirlo.
Un juez federal en Luisiana escuchó este viernes los argumentos de las dos partes y dijo que daría una decisión antes del 23 de mayo sobre si la medida debe o no seguir vigente.
