Washington, Estados Unidos.
El Gobierno de EUA anunció que el Departamento de Justicia interpondrá 'como tarde el lunes' un recurso de emergencia para pedir la suspensión del fallo de un juez de Texas que impide la entrada en vigor de las medidas ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó hoy que el recurso busca suspender el bloqueo temporal decretado por el juez federal Andrew Hanen y que ya ha impedido la puesta en marcha de la primera fase de las medidas de Obama, que debía haber entrado en vigor el pasado miércoles.
El recurso de emergencia se interpondrá, como corresponde, ante la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleans y considerada una de las más conservadoras del país. La corte debe pronunciarse al respecto en un plazo de días o pocas semanas.
Si esa corte falla a favor del Gobierno, las medidas migratorias podrían entrar en vigor, pero si ocurre lo contrario el camino previsible es que el caso llegue a la Corte Suprema, el máximo tribunal de EUA.
Obama se mostró el pasado martes optimista al subrayar que tanto la 'ley' como la 'historia' están de su lado, aunque aseguró que respetaría el fallo del juez Hanen, seguido de una demanda interpuesta por 26 estados y liderada por Texas.
El pasado miércoles debía entrar en vigor la primera parte del plan ejecutivo de Obama, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como 'soñadores'.
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Además de a la ampliación de DACA, el fallo del juez Hanen también afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba programado para mayo y que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama están en manos de los republicanos, que se oponen a ellas y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearlas dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.
