El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quedó en las manos del Senado, en donde la mayoría es partidaria de su destitución, según sondeos hechos entre los legisladores y divulgados hoy por los grandes diarios de Brasil.
La apertura de un juicio político con el fin de su destitución a la jefe de Estado fue aprobado el domingo por 367 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de Diputados y, para que prosiga, sólo necesita del respaldo de la mayoría simple en la Cámara Alta: 41 de los 81 senadores.
Los sondeos realizados por los diarios O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo entre los miembros de la Cámara Alta, indican que entre 45 y 47 senadores apoyan el juicio político.
Seguidores de Rousseff lloran al finalizar la votación de los diputados que abrió el proceso de Impeachment a la mandataria.
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Según O Estado de Sao Paulo, de los 81 senadores, 45 son favorables al proceso a Rousseff, 21 se oponen, 6 se dicen indecisos y 9 prefirieron no pronunciarse.
Entre los senadores con los que habló el diario O Globo, 46 se declararon favorables al proceso, 20 se mostraron en contra y 15 afirmaron que están indecisos o prefirieron no pronunciarse.
Proceso
Tras la aprobación de la apertura del juicio en la Cámara de Diputados, el Senado debe pronunciarse en unos veinte días.
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Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar entre los próximos martes y miércoles una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días útiles.
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El informe se remitirá entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple de sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político a Rousseff, lo que puede ocurrir alrededor del 10 de mayo.
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Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff ha sido acusada de realizar maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. EFE