La fiscalía de Perú abrió una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que dejan 40 muertos en un mes.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
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La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Los anuncios ocurrieron el mismo día que el gabinete de gobierno que encabeza Alberto Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente obtuvo la noche del martes.
“Ha sido aprobada la cuestión de confianza”, dijo el presidente del Parlamento José Williams, tras la votación que arrojó 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. En caso de rechazo el gabinete debía renunciar.
El gobierno decretó un toque de queda en Puno por tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada de este martes con saldo de 18 muertos.
Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1,300 km de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado.
Otárola anunció en el Congreso que el día miércoles “será de duelo nacional laborable”. La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y Ayacucho marcharon este martes pidiendo la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
