Representantes de organizaciones civiles mexicanas y de la Iglesia católica afirmaron hoy que en promedio cada año unos 18.000 inmigrantes indocumentados son secuestrados en territorio mexicano por grupos del crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el obispo de la ciudad norteña de Saltillo, Raúl Vera, y la Casa del Migrante de esa misma urbe, capital del estado norteño de Coahuila, presentaron hoy en rueda de prensa un informe sobre la situación de los inmigrantes en México.
De acuerdo con sus estadísticas, la mayoría de los afectados por el secuestro son inmigrantes guatemaltecos y salvadoreños.
Por esta razón, el Centro Prodh, el obispo Vera y la Casa del Migrante enviaron hoy una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle su apoyo para frenar el secuestro de indocumentados de Centro y Suramérica en México.
El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Gabriel Duperou, señaló que este fenómeno criminal predomina en lugares en los que 'existe mayor concentración de inmigrantes y poca vigilancia de las autoridades migratorias'.
'Es una verdadera tragedia humana lo que está ocurriendo en el territorio mexicano en contra de indocumentados centro y suramericanos', dijo al presentar un informe sobre la situación de esos inmigrantes indocumentados en México realizado por la Casa del Migrante.
'Con este informe buscamos que la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita y pueda corroborar el aumento de abusos y violaciones que ponen cada vez en peligro la vida de miles de indocumentados', añadió.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, abogado del área de defensa integral del Centro Prodh, opinó que la política migratoria del Gobierno mexicano 'lejos de disminuir los delitos' contra inmigrantes 'ha propiciado su vulnerabilidad y el aumento de secuestros'.
El letrado explicó que la delincuencia organizada se ha aprovechado de la supuesta apatía de las autoridades mexicanas para proteger a este sector, y también del hecho de que algunos policías están involucrados con organizaciones criminales.
Finalmente, Maldonado manifestó que la detención de los inmigrantes en las llamadas 'estaciones migratorias' los ha puesto en la mira de violaciones de derechos humanos, debido a que en los últimos dos años se han registrado al menos tres incursiones de grupos armados en esos recintos a cargo del Instituto Nacional de Migración, INM.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, denunció el año pasado que más de 1.600 inmigrantes, la mayoría centroamericanos, son secuestrados mensualmente en México y sometidos a vejaciones que quedan impunes.
Cada año se estima que 300.000 centroamericanos cruzan la frontera mexicana ilegalmente para dirigirse, en su mayoría, a Estados Unidos.
