Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) ordenó cancelar las operaciones de una minera de oro y plata de capital estadounidense, tras resolver en definitiva un amparo provisional otorgado a una organización ecologista, informó este jueves una fuente judicial.
'La CSJ (...) ha instruido que se suspenda la licencia de explotación minera' del proyecto Progreso VII Derivada, a unos 15 km al norte de la capital, dijo a la AFP Ángel Pineda, vocero del Poder Judicial.
Los magistrados habían emitido en noviembre pasado un amparo temporal a favor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), organización que acompaña a pobladores opuestos a la actividad minera al aducir daños a los recursos naturales como el agua, y que sostienen que la empresa no consultó a las comunidades indígenas.
Las instalaciones de la mina, que pertenecen a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la firma estadounidense Kappes, Cassiday & Associates, fueron allanadas el pasado 6 de junio bajo sospechas de que operaban pese al amparo provisional, aspecto negado por representantes del proyecto.
La mina, autorizada en 2011, está ubicada entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde se han realizado numerosas manifestaciones de vecinos contra la extracción minera.
Ambientalistas, campesinos e indígenas mantienen una férrea oposición a la explotación de minerales y la construcción de mega-proyectos en Guatemala por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) ordenó cancelar las operaciones de una minera de oro y plata de capital estadounidense, tras resolver en definitiva un amparo provisional otorgado a una organización ecologista, informó este jueves una fuente judicial.
'La CSJ (...) ha instruido que se suspenda la licencia de explotación minera' del proyecto Progreso VII Derivada, a unos 15 km al norte de la capital, dijo a la AFP Ángel Pineda, vocero del Poder Judicial.
Los magistrados habían emitido en noviembre pasado un amparo temporal a favor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), organización que acompaña a pobladores opuestos a la actividad minera al aducir daños a los recursos naturales como el agua, y que sostienen que la empresa no consultó a las comunidades indígenas.
Las instalaciones de la mina, que pertenecen a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la firma estadounidense Kappes, Cassiday & Associates, fueron allanadas el pasado 6 de junio bajo sospechas de que operaban pese al amparo provisional, aspecto negado por representantes del proyecto.
La mina, autorizada en 2011, está ubicada entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, donde se han realizado numerosas manifestaciones de vecinos contra la extracción minera.
Ambientalistas, campesinos e indígenas mantienen una férrea oposición a la explotación de minerales y la construcción de mega-proyectos en Guatemala por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.
