Las autoridades colombianas frustraron un atentado que supuestos miembros de las Farc iban a cometer en el sur del país contra el político Orlando Beltrán, candidato a legislador en los comicios del 14 de marzo y ex rehén de esa guerrilla, informó el Ejército.
Beltrán estuvo en poder de las Farc entre el 28 de agosto de 2001 y el 27 de febrero de 2008, cuando fue liberado junto con los también dirigentes políticos Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem.
Géchem y Pérez también se presentarán como candidatos en las elecciones en las que se renovará el Congreso, compuesto por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara baja.
Soldados que patrullaban por una zona rural de la ciudad de Neiva -sur- detuvieron a un supuesto guerrillero y hallaron 50 kilos de explosivos que iban a ser detonados al paso de la caravana proselitista de Beltrán.
El Ejército informó sobre el frustrado ataque horas antes de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, llegara a Neiva, la capital del departamento de Huila, para encabezar un consejo comunal de gobierno en el que examinó la situación de seguridad en la región.
Sube la temperatura
A una semana de que se celebren las elecciones legislativas en Colombia, candidatos y observadores electorales denuncian colosales gastos de campaña y la posible compra de votos, en un proceso político que aún estaría afectado por el narcotráfico y el clientelismo.
La Misión de Observación Electoral, MOE, en Colombia conoció el caso de un candidato al Senado con gastos que podrían alcanzar los 3.5 millones de dólares, aunque la ley establece un tope mucho menos. “Uno no se explica que las campañas cuesten tanto si no es a cambio de algo”, comenta Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, una ONG que monitorea la corrupción precisando; no obstante, que “no todos los partidos” son sospechosos.
El propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, denunció en febrero las “toneladas” de dinero en efectivo que movían las campañas.
La amenaza
Unos 244 de los 1,100 municipios colombianos afrontan un “alto riesgo” de sufrir actos de corrupción y violencia en las elecciones legislativas. El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez presentó un informe al respecto a los ministerios del Interior y Defensa con el propósito de que se prevengan tales amenazas de corrupción y violencia, detrás de las cuales estarían principalmente grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y otros delincuentes organizados.
Un total de 310 municipios registraban “alto riesgo” en 2007, señaló Pérez. Más de 29 millones de colombianos están empadronados.
