Washington, Estados Unidos
La Casa Blanca defendió ayer la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de deportar a inmigrantes indocumentados sin darles la oportunidad de comparecer previamente ante un juez y argumentó que eso no viola su derecho al debido proceso.
“Solo porque no veas a un juez no significa que no estés recibiendo el debido proceso”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa.
“Hay miles de inmigrantes ilegales deportados cada mes que no ven a jueces. A veces es por deportación voluntaria, y a veces por deportación exprés”, añadió en referencia a un procedimiento que solo puede aplicarse a los ciudadanos de México y Canadá.
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Trump pidió el domingo que se deporte a los indocumentados “sin jueces o casos judiciales”, y ayer insistió en que no son necesarios más magistrados para los tribunales de inmigración y que deberían acelerarse las expulsiones.
Pese a las declaraciones de Sanders, el principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de cualquier litigio sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.
En EEUU, cuando los inmigrantes son detenidos debido a su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a una petición de asilo.
No obstante, en 2004, el Gobierno de George W. Bush estableció que pueden ser deportados de manera exprés aquellos inmigrantes que han llegado ilegalmente a EEUU en los últimos 14 días y que, en el momento de su arresto se encuentran a 160 kilómetros de la frontera.
Esa norma para las llamadas “devoluciones en caliente” solo puede ser impuesta a mexicanos y canadienses, aunque Trump trató sin éxito de extenderla a los centroamericanos al comienzo de su mandato.
Preguntada por si Trump quiere volver a intentar aplicar esa medida a los centroamericanos, Sanders respondió que el presidente “ciertamente quiere ver más deportaciones exprés, pero su objetivo último es asegurar la frontera para que deje de haber este problema”.
Violarían derechos humanos
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes lamentaron la intención del presidente Trump de expulsar “inmediatamente”, sin opción de pedir asilo, a los indocumentados que cruzan la frontera y evaluaron con cautela el inicio de la reunificación familiar.
En los últimos días, Trump recuperó su discurso más duro señalando, a través de su cuenta de Twitter, que los inmigrantes indocumentados “simplemente” deben ser detenidos nada más cruzar la frontera, sin comparecer ante un juez, e informados de que no pueden entrar al país sea cual sea el motivo de ingreso.
Los expertos migratorios recordaron que la petición de asilo es una norma recogida por la Constitución de EEUU y que acabar con su solicitud es incurrir en “una violación a los derechos humanos”.
“Es una barbaridad porque es ilegal, según las leyes internacionales sobre derechos de los refugiados; es un tuit descabellado, como tantos otros de este presidente, al que no hay que darle mucha bola porque tengo fe en que las cortes no lo permitirían”, comentó el abogado Efrén Olivares.
Además, Olivares, quien también es el director de Justicia Racial y Económica de Texas Civil Rights Project (TCRP), añadió que la verdadera preocupación de su organización son las consecuencias de las medidas de “tolerancia cero” aplicadas por el Gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la cifra de niños inmigrantes que fueron reunidos con sus familiares tras haber sido separados en la frontera ascendió a 538 menores, de los más de 2,500 afectados desde que comenzó esta política.
Sin embargo, el abogado de TCRP calificó de “ambiguas” estas cifras, puesto que de los 381 padres que su organización entrevistó tan solo “cuatro o tal vez cinco casos” han podido reencontrarse con sus hijos, según corroboró la directora de asuntos migratorios de la organización defensora de los inmigrantes Grassroots Leadership, Claudia Muñoz, gracias al contacto que mantienen con 40 mujeres indocumentadas que se encuentran en el Centro de Detención T. Don Hutto (Texas).
“Aún no saben dónde están los menores y ellas están en riesgo de ser deportadas de forma inmediata; por lo que de todos los casos, solo en uno han sido reunificados; el resto están aquí y los niños repartidos en el país”, aseguró Muñoz.
La activista quiso reflejar también que tampoco finalizó “por completo” la separación familiar, a pesar de que la administración anunció mediante una orden ejecutiva el cese de esta acción.
Muñoz aclaró que si bien en la corte de Mcallen (Texas) no se aplican cargos penales a los inmigrantes, hecho que provoca la separación directa de los niños de sus padres, en otros tribunales texanos como el de Bronwsville sí continúan con este procedimiento.
Las organizaciones exponen su preocupación ante la situación de los menores en refugios temporales como el de Tornillo, en el área de El Paso (Texas), al que han permitido el acceso a los representantes del Congreso, pero no a las organizaciones proinmigrantes.
“Desde fuera podemos ver las carpas donde están los niños, hay que recordar que es una zona de desierto, con temperaturas sobre 38 grados que aunque tengan aire acondicionado, no es la mejor situación para ellos”, detalló el director de comunicación de Voto Latino, Enrique Gutiérrez. EFE
