04/12/2022
07:41 AM

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Corte-IDH pide a Perú que “se abstenga” de liberar a expresidente Fujimori

Fujimori fue detenido en Chile en el 2005. Dos años después fue extraditado a Perú, donde ha recibido cinco condenas.

Lima, Perú.

La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) pidió al Perú que “se abstenga” de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori, informó una oenegé que acompaña el caso.

Según la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, la Corte-IDH pidió evitar la liberación del exmandatario hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori, y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009.

En Lima, la líder opositora e hija mayor del expresidente, Keiko Fujimori, repudió el pedido de la Corte de “pretender impedir la excarcelación” y denunció un “sesgo ideológico” del tribunal, en un audio difundido en su cuenta de Twitter.

“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico, pretende ahora impedir a través de un documento simple la excarcelación de Alberto Fujimori”, declaró la hija, de 45 años.

Keiko Fujimori y sus tres hermanos exhortaron al gobierno peruano, que preside el izquierdista Pedro Castillo, a no desacatar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó liberar a su padre y lo responsabiliza “de las consecuencias que su decisión puede generar en la vida y su salud”, en caso de incumplirlo.

El 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional de Perú avaló el habeas corpus solicitado por Fujimori para restituir el indulto concedido por el gobierno en 2017 y anulado diez meses después.

El Cejil y otras oenegés, en representación de familiares de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, solicitaron suspender la liberación, resaltando que “las víctimas no fueron informadas ni escuchadas”, por lo que “no existe recurso alguno en el Perú que permita garantizar sus derechos”.

Ambas matanzas, que dejaron en total 25 muertes, fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por haberse perpetrado mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según revelan sentencias de la Corte-IDH del 2001 y 2006, respectivamente.

“Realizamos la solicitud de medidas provisionales a la Corte-IDH, ya que están dados los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad por la inminente liberación de Fujimori, y con ello, la extinción de sus deudas con la justicia peruana por los graves delitos que cometió”, dijo el Cejil en un comunicado.

Sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte-IDH había considerado a Perú responsable por la “violación a los derechos a la vida, integridad personal, las garantías y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”.