Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitieron este viernes 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en el marco de la invasión que lanzó contra Ucrania hace más de un año. La medida de detención también fue realizada contra la comisionada rusa de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la “deportación ilegal” de menores ucranianos.
Orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania. Así lo dispuso la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya este 17 de marzo.
Los jueces de instrucción del alto tribunal señalaron que en específico el mandatario está acusado como principal responsable del secuestro de niños ucranianos, que durante la invasión en curso de Moscú han sido trasladados a Rusia.
Existen “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”, señalaron los magistrados.
De inmediato el Gobierno ruso reaccionó en tono desafiante al asegurar que la medida de la CPI es “insignificante”.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, sostuvo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova
El Kremlin ya había señalado que no reconoce la jurisdicción de la CPI. Lo hizo el pasado 14 de marzo cuando fuentes de la corte, citadas por ‘The New York Times’ adelantaron que el fiscal Karim Khan, abriría formalmente dos casos contra Moscú por crímenes de guerra y pediría órdenes de arresto contra varios individuos.
Por el rapto masivo de menores la corte también emitió orden de arresto contra la comisionada rusa de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Tras conocer la decisión, Lvova-Belova declaró este viernes que el pronunciamiento del tribunal “valida” su trabajo “para ayudar a los niños de nuestro país”.
Esa funcionaria es la cara visible del traslado masivo de menores, desde pequeños hasta adolescentes, que según las investigaciones de la CPI han sido enviados a campos de reeducación y convertidos en ciudadanos rusos. Muchos de ellos proceden de orfanatos o casas de acogida de la nación invadida.
Lvova-Belova promueve en la televisión local la adopción de esos menores. De hecho, el pasado febrero anunció que “adoptó” a un niño de Mariúpol, una de las primeras ciudades ucranianas que cayeron en manos de las tropas invasoras y que se mantienen bajo ocupación.
Kiev agradece y califica de “histórica” la medida de la CPI
Ucrania elogió la decisión de la corte internacional de emitir las órdenes de captura contra Putin y su comisionada de derechos del niño, algo que calificó de “histórico”.
“Las ruedas de la Justicia están girando: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.
Fuentes del alto tribunal anticiparon que la CPI también abriría un segundo caso contra Moscú por los ataques de sus tropas contra la infraestructura civil de su vecino país, otra acción considerada un crimen de guerra.
Ese tipo de agresiones durante meses han privado a los ciudadanos del acceso continuo de agua y energía, una situación que empeora en los meses de invierno por la imposibilidad de obtener calefacción.
Kiev y Occidente acusan a Moscú de pretender “matar de frío” a los ucranianos y de cometer graves violaciones de derechos humanos.
