El Departamento de Estado de EEUU presentó la semana pasada un nuevo informe al Congreso sobre los efectos de la corrupción en los países del Triángulo del Norte, en el que incluyó las identidades de 27 funcionarios guatemaltecos y 11 políticos hondureños señalados de haber cometido supuestos actos de corrupción.
Con la nueva información, suman 85 exfuncionarios de alto rango hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en la mira de Estados Unidos por su presunta vinculación con corrupción o el narcotráfico.
El nuevo reporte afirma que el Departamento de Estado, en cooperación con el Tesoro de EEUU, trabajan “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos Magnitsky, incluso con respecto a los Oficiales en el Triángulo del Norte y en todo el mundo”.
Ley de Defensa
La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional exige al secretario de Estado de EUA proporcionar al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Se espera que el Gobierno continúe ampliando la lista en los próximos meses.
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Señalados
El informe vuelve a destacar la masiva red de corrupción en Guatemala liderada por el expresidente Otto Pérez Molina, junto con sus exministros Mauricio López Bonilla, Erick Archila y Alejandro Sinibaldi.
El exdiputado Manuel Baldizón y varios exalcaldes también figuran en el listado. Según la congresista republicana Norma Torres, desde que el presidente Jimmy Morales anunció el año pasado que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “el Gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, atacando la independencia judicial, modificando el Código Penal y liberando de prisión a exfuncionarios”.
La congresista exigió al Gobierno de Trump “tomar acciones enérgicas” contra la región, y destacó las “graves consecuencias en la frontera sur, con un número récord de inmigrantes que buscan asilo” en EEUU huyendo de sus países.