Con una condena de once años de inhabilitación por prevaricación, la justicia española cortó por lo sano la tan discutida y mediática carrera judicial de Baltasar Garzón, el magistrado más conocido de España y con mayor proyección internacional.
Azote de terroristas y de dictadores, sus decisiones siempre rodeadas de polémica, lo llevaron finalmente al banquillo de los acusados, aquel en el que él quiso sentar a personajes tan particulares como Augusto Pinochet o Bin Laden.
Segundo de cinco hermanos, hijo de un empleado de gasolinera y descendiente de una familia de agricultores, Baltasar Garzón nació en la localidad de Torres, en la provincia de Jaén (sur de España), el 26 de octubre de 1955.
Tras concluir su etapa escolar y ser becario en secundaria pasó por el seminario antes de encontrar su vocación: estudiar derecho, y se licenció en la Universidad de Sevilla en 1979.
Dos años después ingresó en la carrera judicial con el número once de su promoción y tuvo sus primeros destinos en distintas poblaciones de Andalucía, hasta que en enero de 1988 dio el salto definitivo a la Audiencia Nacional española.
Carrera en auge
Pronto comenzó a dejar huella convirtiéndose en el primer juez español que se desplazaba a Francia para interrogar a los miembros de la banda terrorista ETA detenidos allí.
Y pese a haber tenido un cargo en el último gobierno de Felipe González (1982-1996) eso no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, grupo secreto creado en los años 80 bajo el Gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA. Esta investigación, que contribuyó a poner fin al gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha.
El gran giro
En 1993, Garzón dio uno de esos giros que marcaron de forma determinante su biografía y entró en política, concurriendo como número 2 por Madrid en la lista del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, a las elecciones generales que encabezó González.
Su etapa como miembro del Ejecutivo socialista español duró apenas diez meses, ya que presentó su dimisión como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas en mayo de 1994, tras lo que volvió a la Audiencia Nacional.
Es entonces cuando Garzón retomó el sumario de los GAL, las agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron el denominado “terrorismo de Estado” o “guerra sucia” contra la banda ETA y su entorno durante los primeros años del Gobierno socialista, y que acabó con la condena de ex altos cargos.
Para entonces ya era el juez más conocido en España, pero cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, que permaneció detenido cinco meses en el Reino Unido.
La noticia dio la vuelta al mundo, esperanza a las víctimas de las dictaduras y convirtió a Garzón en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz.
Su firme defensa del principio de la justicia universal lo llevó de la misma manera a procesar al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura de ese país.
Bin Laden
La fama del magistrado volvió a traspasar fronteras en 2001 al ordenar el ingreso en prisión de varios miembros de la organización terrorista Al Qaeda y procesar a Osama bin Laden por haber utilizado España como base para la preparación de atentados como el 11-S. Fue esa proyección internacional la que le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo, y lo empujó a dejar otra vez su juzgado para residir en EUA entre marzo de 2005 y julio de 2006.
En 2010 fue suspendido cautelarmente por las dos causas que tenía abiertas en el Tribunal Supremo: los cobros recibidos del Banco de Santander durante su estancia en Nueva York, por lo que todavía no ha sido juzgado, y por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Así, la misma derecha que le aprobó antes se volvió contra él por haber apoyado las negociaciones de 2006-2007 entre el Gobierno socialista y ETA, investigar sobre el franquismo pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977 y descubrir en 2009 este vasto escándalo de corrupción que salpicó a cargos del Partido Popular.
A las dos causas anteriores se sumó el 25 de febrero de 2010 la admisión de una querella por prevaricación en la trama conocida como “caso Gurtel”, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España, por la que finalmente fue condenado. AFP/Efe
