Pese a que Donald Trump ordenó terminar la separación de familias migrantes en la frontera estadounidense, la política aún persiste en algunos casos, de acuerdo con una investigación de la ONG ProPublica.
Un grupo de activistas en Nueva York han documentado al menos 16 casos de separación de familias en los últimos tres meses, para los cuales las autoridades justificaron que los niños estaban en peligro con sus padres. En algunos casos, se han utilizado como excusa violaciones menores a la ley, apunta la organización en el reportaje.
'Si las autoridades ven incluso la más mínima evidencia de que los padres podrían miembros de una pandilla o tienen alguna mancha en su historial, cualquier cosa que justifique que la separación es por el bien del menor, lo hacen', dijo al medio la abogada Neha Desai, del Centro Nacional para Leyes de Juventud.
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Un vocero de la Agencia de Protección Fronteriza y de Aduanas (CBP) confirmó a ProPublica que aún se separa a las familias en la frontera cuando consideran que los menores podrían estar en peligro. Sin embargo, negó que la orden estuviera relacionada con la 'tolerancia cero' en la frontera.
En otro caso documentado directamente por ProPublica, un menor fue separado de su padre al llegar a Texas para solicitar asilo ante amenazas de las maras en El Salvador.
Pese a que las autoridades consideraron que el padre tenía un caso creíble y le programaron una audiencia, la CBP asegura que encontró evidencias de que el padre tenía ligas con una pandilla, y el niño fue separado por agentes migratorios y enviado con una familia adoptiva a Nueva York. La defensa legal del padre afirma que la CBP no ha ofrecido pruebas de su acusación.
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En abril de este año, la Administración Trump comenzó una política de 'tolerancia cero', con la que se encarcelaba a todos los migrantes indocumentados detenidos, en lugar de la práctica común de arrestarlos y luego liberarlos con una cita para una audiencia.
Sin embargo, debido a una ley conocida como el Acuerdo Flores, los migrantes menores de edad no pueden estar en una cárcel por más de 20 días, por lo que los niños eran enviados a centros de detención mientras eran reubicados con otros familiares.
Durante los tres meses que estuvo activa la orden, las autoridades separaron a alrededor de 2 mil 600 menores de edad. Tras la presión internacional, Trump ordenó terminar con la práctica el 20 de junio.
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Una semana después, un juez de California ordenó a la Administración reunificar a todas las familias, excepto en los casos en que consideraran que la seguridad de los menores estuviese en peligro.
Según los abogados consultados por ProPublica, este pretexto ha sido interpretado al extremo en varios casos, incluyendo el de un menor de seis años que fue separado de su padre porque a éste le levantaron una infracción por manejar ebrio hace diez años.
Un abogado de la ONG Unión Civil de Libertades Estadounidenses (ACLU, en inglés), afirmó que podrían presentar una demanda contra la Administración Trump si persisten los casos.
