Por carecer de relevancia penal y para evitar el autoritarismo, el Tribunal de Sentencia declaró ayer inadmisibles las querellas contra los periodistas Carlos Mauricio Flores, jefe de redacción de diario El Heraldo, y Melisa Amaya y Juan Carlos Fúnez, de Radio Cadena Voces, interpuestas por el gerente de Hondutel, Marcelo Antonio Chimirri Castro.
Las dos resoluciones se dieron a conocer luego de que el miércoles la sala cuatro del Tribunal de Sentencia declarara inadmisibles otras dos querellas interpuestas por Chimirri contra los periodistas Renato Álvarez y Rossana Guevara, del noticiario TN5.
Los días 27 y 28 de octubre, los abogados Rosel Edgardo Barralaga y Marlon Duarte, asesores legales de Hondutel y representantes de Chimirri, querellaron a los periodistas antes mencionados y amenzaron con hacerlo al jefe de redacción de LA PRENSA, Nelson García.
Los profesionales del derecho alegaban que los comunicadores habían calumniado e injuriado a su cliente al dar a conocer una denuncia de la Fundación Arcadia, con sede en Washington, publicada en el diario El Universal de México.
En la denuncia se señaló la existencia de un millonario fraude contra Hondutel por parte de funcionarios y empresarios. Arcadia precisó que a la empresa Cable Color, propiedad de la familia Rosenthal, se le detectaron 380 líneas utilizadas para el tráfico gris, pero aunque en diferentes momentos se notificó a las autoridades, no se hizo nada para frenarlo.
Robert Carmona-Borjas, vicepresidente de Arcadia, denunció que la empresa Inversiones Chicas, propiedad de Chimirri, había recibido 70 mil dólares de dos empresas estadounidenses y cuestionó los bienes del gerente de Hondutel.
Sentencia
En las tres resoluciones del Tribunal de Sentencia se establece que los periodistas no cometieron delito alguno.
El considerando número cinco de la sentencia emitida por la sala dos, presidida por la jueza Sandra Liseth Avelar, acompañada por las juezas Emily Geraldina Paz y Ana Concepción Romero, que conoció la querella contra Carlos Mauricio Flores, sostiene que 'la acusación no encuentra respaldo jurídico alguno que legitime la restricción al ejercicio de la libertad de expresión que en este caso se encuentra ligado al derecho de informar y ser informado que asiste a los ciudadanos'.
Si bien el querellante ha considerado que se ha violentado su derecho al honor e intimidad -también constitucionalmente protegido-, 'debemos manifestar que los funcionarios públicos estamos llamados a mantener en el ejercicio de nuestras funciones un grado mayor de tolerancia, con la amplitud suficiente para soportar las críticas'.
Las juezas consideraron que como funcionarios al servicio del pueblo 'estamos
llamados a respetar y promover las auditorías sociales que sobre nuestro desempeño ejercenlos medios de comunicación; auditorías que se presenten en forma de críticas, que lejos de ser destructivas se deben considerar constructivas pues exigen que nuestra función pública sea ejercida con la mayor responsabilidad posible, a fin de garantizar a la población que honramos los cargos que nos han encomendado'.
Las juezas consideraron que las libertades de expresión y de información no pueden ser transgredidas cuando a través de estos derechos se pretende hacer del conocimiento público una noticia de interés nacional que fomenta el debate público, lo cual indudablemente acontece en el caso que ocupa, en el cual se cuestiona la publicación de una información que discute el desempeño de un funcionario o empleado público querellante sobre actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.
Está por demás decir que esta información reviste la connotación necesaria para ser considerada de interés nacional, que procura indiscutiblemente el bien común.
Además de esto, dice el considerando cinco de la sentencia, 'consideramos que al dar pie a la presente acusación estaríamos inhibiendo la crítica dirigida a un funcionario público y censurando la publicación de artículos relacionados con las presuntas actividades ilícitas realizadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, dando lugar con ello al autoritarismo que tiene como finalidad evitar el conocimiento puntual de la realidad, silenciar las discrepancias, disuadir o frustrar las protestas y cancelar finalmente el pluralismo propio de una sociedad democrática'.
Enmarcado en estas apreciaciones, el tribunal consideró que en la causa de mérito no puede preponderar ni predominar el interés particular o individual frente al interés público.
Ante tal situación, las tres juezas, por unanimidad, resuelven declarar 'la inadmisibilidad de plano de la querella que por el delito de difamación constitutiva de calumnias e injurias promoviera el señor Marcelo Chimirri en contra del señor Carlos Mauricio Flores'.
Los jueces de la sala tres, que conocieron el caso de Fúnez y Amaya, sostuvieron que los hechos expuestos en la querella no son penalmente relevantes y no existió intención de calumniar a Chimirri.
Partido Nacional respalda a comunicadores
Tegucigalpa. El Partido Nacional ofreció ayer todo el apoyo legal necesario para demostrar que la libertad de prensa no se puede callar, y menos cuando se trate de denunciar actos de corrupción oficial. En un comunicado titulado 'Por la libertad y la democracia', los nacionalistas hacen acopio al artículo 1 de la Constitución de la República, que establece que 'Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrático e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social'.
En ese sentido, los nacionalistas establecen su preocupación por el acoso de que están siendo objeto varios comunicadores por haber transmitido información sobre las denuncias de corrupción en Hondutel. Según el documento, 'la función del periodista es transmitir la información con responsabilidad y mantener al pueblo enterado sobre el acontecer nacional, lo que incluye la exposición de casos de corrupción y delitos en perjuicio de la nación hondureña. En ningún momento es responsabilidad del periodista demostrar la inocencia u ocultar la culpabilidad de alguien'.
Honduras se ha caracterizado por ser una nación pacífica que rechaza las confrontaciones internas y privilegia los valores democráticos de tolerancia y libertad. Es peligroso ver cómo se ponen en evidencia actitudes autoritarias de funcionarios de gobierno cercanos al Presidente de la República. A ésto se suman las amenazas de cerrar medios de comunicación, que en otras ocasiones se han vertido desde la Casa Presidencial. Todas estas acciones constituyen un atentado en contra de la libertad de expresión y la democracia, según los nacionalistas.
En consecuencia, 'el Partido Nacional exige el cese inmediato de esta campaña de intimidación contra la prensa nacional'. A la vez, expresa su respaldo a las acciones que se tomen para defender las libertades y los derechos de los ciudadanos. 'La defensa de la libertad de expresión es obligación de todos los ciudadanos y garantizar el derecho de conocer la verdad es una obligación del Gobierno'.
Califican querellas como campaña de intimidación y amenazas
Tegucigalpa. Diferentes sectores sociales condenaron la acción incoada por Marcelo Chimirri, gerente de Hondutel y uno de los más cercanos colaboradores del presidente José Manuel Zelaya.
El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, expresó su apoyo a los comunicadores y dejó sentado que la decisión que debía adoptar el Poder Judicial, a juzgar por las razones de las querellas, era declararlas inadmisibles.
La fundación Democracia sin Fronteras, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa también condenaron la acción del gerente de la estatal y denunciaron que se trataba de una campaña de intimidación y amenazas.
El Congreso Nacional, por unanimidad de sus diputados, también se solidarizó con los periodistas y nombró una comisión para iniciar la preparación de un proyecto de ley a fin de despenalizar la difamación y calumnia en el caso específico de los periodistas. Con la decisión de las salas de juicios orales se sienta un precedente ante la campaña orquestada contra medios de comunicación independientes y periodistas que han lanzado una cruzada denunciando actos de corrupción y reclamando transparencia y rendición de cuentas.
Colegio de Abogados, comprometido a mejorar libertad de expresión
Tegucigalpa. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, CAH, Ángel Valentín Aguilar, dijo que esta organización profesional está a la vanguardia para impulsar en el Congreso Nacional una modificación del Código Penal en lo relativo a la libertad de expresión.
'Avalamos las tendencias mundiales de despenalizar las acciones de calumnias promovidas contra periodistas y que éstas sean resueltas en el ámbito del derecho civil', dijo Aguilar.
Resaltó que hace 40 años Estados Unidos declaró inconstitucional la acción criminal en contra de los periodistas y esto representó un avance en la consolidación del estado de derecho.
Además, Honduras es suscriptora de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión, inclusive más allá de las fronteras.
El CAH, como institución, está a la par de los periodistas porque muchos profesionales del derecho han sido víctimas de la delincuencia y gracias a los periodistas los casos han sido denunciados, aunque no del todo aclarados por las autoridades. Si se despenalizan las acciones contra periodistas, el caso pasaría al fuero civil.
'La calumnia, la injuria y la difamación no son amenazas fuertes a la situación de orden público, por cuanto no alteran ninguna circunstancia como se pueda comparar con otro tipo de delitos como los actos de corrupción', argumentó Aguilar.
CPH acude a la Cidh
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, Elán Reyes Pineda, anunció que esta entidad interpuso la denuncia correspondiente, sobre la persecución que viven los periodistas en Honduras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia es particularmente contra el gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, Marcelo Chimirri, quien ya pasó a la historia como un funcionario sensible a las críticas. Un relator de la OEA vendrá a investigar la denuncia hecha ante la Cidh.
Apoyo
Micheletti defiende libertad de prensa
El presidente del CN, Roberto Micheletti, dijo que las actuaciones del Gobierno no son buenas y cualquier funcionario que actúa contra los periodistas que denuncian corrupción no hace lo correcto.
Conciencia
Querellas no son de inocentes
La diputada por la UD, Doris Gutierrez, dijo que 'querellar a periodistas que denuncian corrupción sólo refleja la clase de funcionarios que no están dispuestos a demostrar su inocencia'.
Acceso
Ley de transparencia y acceso a la información es una de las que se deben revisar para garantizar a la ciudadanía el derecho a estar informado.
Medios
Ley de la libre emisión del pensamiento también debe fortalecerse para garantizar a los medios de comunicación y a los periodistas su derecho a informar.
Penas
Una revisión del Código Penal permitiría cambiar la calidad y la penalización que afrontan los periodistas que, a pesar de informar con responsabilidad, son llevados ante la ley.
Objetivo
Se busca despenalizar las querellas, interpuestas mediante injurias y calumnias, constitutivas de difamación, para pasarlas al ámbito civil.
Las voces desde el congreso
'Condené la persecución contra los periodistas. Ahora hay que revisar hasta el Código Penal para analizar las penalizaciones por difundir información'.
Ilsa Díaz
Diputada PN
'La libertad de prensa debe defenderse porque toda sociedad democrática se fundamenta en la libertad de expresión. Ése es nuestro compromiso'.
Elvia Valle
Diputada PL
Hay que defender a los periodistas.
'La Democracia Cristiana se solidariza y ofrece total respaldo a los comunicadores'.
Orle Aníbal Solís
Diputada DC
'A los periodistas no los podemos dejar solos, son el pilar de la democracia. Hay que revisar la legislación para que no sean enjuiciados'.
Toribio Aguilera
Diputado Pinu
'El CN se solidarizó con los periodistas, pero es necesario revisar la legislación para que ellos sientan el respaldo de un poder del Estado'.
Juan Orlando Hernández
Diputado PN
'Como diputada y periodista no puedo quedarme en silencio. Es injusto y es incorrecto, más cuanto se trata de denuncias por actos de corrupción'.
Martha Lorena Alvarado
Diputada PL
