El asesinato de la jueza Mireya Mendoza en El Progreso, Yoro, ha sacudido al Poder Judicial y al gremio de abogados.
Todos coinciden en que la seguridad para los operadores de justicia es casi nula y están más vulnerables que nunca.
El Colegio de Abogados hace sus sugerencias y los jueces aceptan que mientras la impunidad sea protagonista, todo irá peor.
Ayer, la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), organismo integrado por las asociaciones de jueces de 18 países y reconocido por la Organización de Estados Americanos, dice que ante la situación de los jueces en Honduras es necesario que las autoridades competentes establezcan medidas urgentes que garanticen la vida, integridad y seguridad de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
“Los actos de violencia contra los jueces y juezas y contra el Poder Judicial como institución son actos que finalmente son en contra de los sistemas democráticos y de las libertades de todos los ciudadanos, ya que atentan contra la independencia judicial. La Federación Latinoamericana de Magistrados manifiesta su solidaridad con la judicatura hondureña y rechaza todo acto que transgreda la vida, integridad y seguridad de los jueces y juezas.
Pedimos a las autoridades hondureñas competentes que establezcan medidas inmediatas que garanticen dicha seguridad y como consecuencia la independencia judicial de la judicatura hondureña”.
Roy Urtecho: “Deben permitirnos tener y portar arma”
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, lamenta que ya han perecido 88 profesionales del derecho y El Progreso es la tercera ciudad más violenta para los abogados porque ahí han muerto 11.
“La jueza Mireya Mendoza tenía una carrera intachable y eso nos recuerda que se les debe dar a los operadores de justicia y a sus familias la debida protección de parte del Estado”.
Urtecho indicó que debe considerarse el blindaje de los carros y seguridad personal para los jueces y fiscales. Han sido atacados los litigantes privados y ellos también piden el derecho de tener y portar un arma y que se dé la debida instrucción a la Policía para que con el uso del carnet que emita el Colegio de Abogados se les permita andar el arma, “porque sabemos que le Gobierno no tiene la capacidad de proteger a cada uno”. Los abogados piden que de parte del Estado sea condenado a cadena perpetua al que asesine a un profesional del derecho, está la reforma en cuanto al juez, fiscal y policía, pero no con abogados.
El exfiscal Adjunto detalló que han pedido una audiencia a la junta directiva del Congreso para que las leyes que emitan sean en defensa del libre ejercicio de la profesión.
Mélida Estrada: “Se debe recurrir a los juicios en línea”
La exigencia es contundente: no más impunidad en las muertes de jueces. Mélida Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), dice que el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, que ha sacudido al gremio, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad a que están expuestos los profesionales.
La también jueza de lo Civil dice que no ven de parte del Gobierno ningún plan operativo que ofrezca protección a los jueces del país. Dice que como asociación están planteando que en casos complicados se hagan juicios en línea o se utilice la tecnología.
“La escuela judicial ya tiene estos sistemas y deben implementarse en casos de mayor peligrosidad de manera de que no se tenga frente a frente a la persona”. El sistema actual implementado es garantista; garantiza los derechos de los ciudadanos, pero no otras cosas.
“El peligro es cuando salimos de nuestros trabajos a las casas. No han atacado a ningún juez en los edificios judiciales, sino en los trayectos. La seguridad que pedimos es cuando salimos de audiencias porque uno no sabe si lo están esperando. Pedimos que se implemente un sistema de seguridad donde tengamos la confianza de llamar a alguien y decir qué nos pasa. La mayoría recibimos llamas que no se saben de dónde provienen”.
Ramón Barrios: “Al condenar lo
hacemos de frente”
Los jueces del Tribunal de Sentencia son los más expuestos del sistema penal en Honduras porque las audiencias son públicas, dice el togado Ramón Barrios.
El juez de sentencia dice que, por su naturaleza, su trabajo ya es peligroso. Ellos conocen el juicio oral y público y son los únicos que cuando condenan a una persona la tienen presente.
“No lo hacen ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni en la Corte de Apelaciones corren el riesgo que corremos. Tenemos 12 años en zozobra porque, si recordamos, hace cuatro años ultimaron a la abogada Alba Leticia Bueso, que era jueza del Tribunal de Sentencia, y hoy a otra jueza de sentencia”.
“Estamos acostumbrados porque tenemos muy poca protección oficial de la Corte Suprema de Justicia. En el momento de condenar a alguien lo hacemos viéndolo a los ojos y de frente”.
Barrios dice que desde que existen los jueces de sentencia llevan ya dos juezas muertas. “Vivimos bajo constante amenaza cuando dictamos una sentencia condenatoria y solo esperamos que no haya más impunidad porque la zozobra la genera la impunidad en que vivimos día a día, el hecho de saber quién nos mata y por qué nos mata”.
Norma Iris Coto: “Están obligados a darnos seguridad”
La magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones, Norma Iris Coto,dice que lo que se está viviendo en Honduras ha sucedido en otros países a medida que el crimen organizado crece, al referirse al asesinato de la jueza de sentencia Mireya Mendoza.
“A medida que el crimen organizado se incrementa y toma posiciones en un país, la vida de los jueces corre peligro”, indicó. Para los jueces de vocación “ese tipo de situaciones no deben intimidarnos. Debemos tomar una actitud valiente y continuar haciendo nuestro trabajo.
Desde que asumimos el cargo asumimos el riesgo, pero eso no quiere decir que las autoridades no están obligadas a darnos seguridad porque es la vida de los operadores de justicia la que está en riesgo, no es otro valor o bien jurídico protegido, y en la medida en que continúen cayendo operadores estamos dando pie a que el crimen organizado siga haciendo este tipo de acciones con que pretenden intimidarnos”.
Coto aseguró que los jueces de sentencia después de emitir una condena salen del estrado de la sala judicial para la universidad a dar clases sin ninguna protección cuando han hecho la condena frente a los familiares. “Muchos salen molestos cuando no los favorecen las sentencias que se dictan”.
