Tegucigalpa, Honduras.
Según la nueva ley de bloqueo a servicios de Internet y otro tipo de telecomunicaciones en centros penales, a los presos que se les encuentre aparatos para comunicarse serán sancionados de tres a cinco años de prisión, adicional a la pena que estén purgando.
Tras el bloqueo a la telefonía móvil hace dos años, los reos buscaron nuevas alternativas para comunicarse, como la Internet abierta en los alrededores de los presidios, principalmente en los que se ubican en las ciudades.
“El bloqueo aprobado en 2013 no cumplió en su totalidad con los objetivos para reducir la criminalidad, quedaron fuera otras formas de tecnología que están siendo utilizadas por los reclusos, para planificar y cometer delitos dentro de los centros penitenciarios”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien participó en el dictamen de la ley.
Hace un mes, LA PRENSA denunció que desde el centro penal de San Pedro Sula, los reos continuaban extorsionando y ordenando otro tipo de delitos por medio de redes sociales como Skype y Facebook.
“Las reformas ya fueron aprobadas y estamos pendientes de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Después de la publicación, los proveedores de los nuevos servicios bloqueados tienen un mes para cumplir la ley, si no serán sancionados”, dijo enfáticamente el diputado.
La orden desde el Legislativo está dada. Son 16 servicios de telecomunicaciones que estarán bloqueados en los 24 centros penales del país. La ley ls permitirá a todo privado de libertad en Honduras solo tener acceso a la radio, televisión con señal abierta y llamadas por teléfonos públicos controladas por las autoridades penitenciarias.
Según la reforma elaborada en el Congreso hace una semana, en el artículo 5, el incumplimiento al bloqueo por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conlleva a las multas de 10 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez, de 20 millones de lempiras la segunda vez y la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.
Esas soluciones técnicas serán aprobadas por Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso.
Según la nueva ley de bloqueo a servicios de Internet y otro tipo de telecomunicaciones en centros penales, a los presos que se les encuentre aparatos para comunicarse serán sancionados de tres a cinco años de prisión, adicional a la pena que estén purgando.
Tras el bloqueo a la telefonía móvil hace dos años, los reos buscaron nuevas alternativas para comunicarse, como la Internet abierta en los alrededores de los presidios, principalmente en los que se ubican en las ciudades.
“El bloqueo aprobado en 2013 no cumplió en su totalidad con los objetivos para reducir la criminalidad, quedaron fuera otras formas de tecnología que están siendo utilizadas por los reclusos, para planificar y cometer delitos dentro de los centros penitenciarios”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien participó en el dictamen de la ley.
Hace un mes, LA PRENSA denunció que desde el centro penal de San Pedro Sula, los reos continuaban extorsionando y ordenando otro tipo de delitos por medio de redes sociales como Skype y Facebook.
“Las reformas ya fueron aprobadas y estamos pendientes de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Después de la publicación, los proveedores de los nuevos servicios bloqueados tienen un mes para cumplir la ley, si no serán sancionados”, dijo enfáticamente el diputado.
La orden desde el Legislativo está dada. Son 16 servicios de telecomunicaciones que estarán bloqueados en los 24 centros penales del país. La ley ls permitirá a todo privado de libertad en Honduras solo tener acceso a la radio, televisión con señal abierta y llamadas por teléfonos públicos controladas por las autoridades penitenciarias.
Según la reforma elaborada en el Congreso hace una semana, en el artículo 5, el incumplimiento al bloqueo por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conlleva a las multas de 10 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez, de 20 millones de lempiras la segunda vez y la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.
Esas soluciones técnicas serán aprobadas por Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso.
