Los usuarios del RNP podrían ser los mayores afectados si se agudiza la situación laboral derivada de las reformas a la ley aprobadas por el Congreso.
Los empleados pidieron al presidente Mel Zelaya vetar el decreto legislativo mediante el cual se modifica la ley del RNP; de lo contrario, amenazan con paralizar labores.
El Congreso declaró al RNP y a Migración instituciones de seguridad nacional y ordenó una evaluación del personal que durará seis meses.
