Tegucigalpa, Honduras.

De tres a seis años de reclusión son sanciones que incluye la nueva Ley del Sistema Nacional de Emergencia del 911 a quienes hagan llamadas falsas a esta línea.

Además, se cargará en la factura o saldo disponible del usuario un costo equivalente del 500% del valor normal de la llamada.

Estos ingresos deberán ser entregadas a la Tesorería General de la República por la compañía prestadora del servicio, una vez que deduzca su cobro como llamada normal.

Así lo establece la nueva regulación que ya fue aprobada en primer debate por el Congreso Nacional.

“Esto es como parte del cumplimiento del Gobierno con algunos tratados internacionales. Con esto se está legalizando la forma de poder manejar las llamadas que se reciban”, manifestó Luis Redondo, secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso.

Explicó que se recibirán llamadas para cualquier tipo de emergencia, por lo que estará integrada por instituciones como Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto de la Mujer, Ministerio Público, Instituto Nacional de Migración. No obstante, el parlamentario consideró que es relevante que haya una ley complementaria que regule la pertenencia de los celulares y las llamadas en el país.

“Es importante que haya esta nueva ley porque si hay un teléfono que no está debidamente registrado, no se podrá sancionar a nadie y siempre habrá llamadas falsas”, indicó.

Al mismo tiempo, el proyecto incluye que cada aparato que se adquiera debe estar asociado a una dirección y en caso de extravío, será obligatorio reportarlo y hacer el bloqueo del aparato.

Leonel Sauceda, portavoz de la Secretaría de Seguridad, exteriorizó que el centro del 911 que opera actualmente recibe unas 3,000 llamadas al día. De esta cifra, gran número no son reportes reales.

Sin embargo, a las emergencias verdaderas se han logrado resolver en un 95% por la buena información que han dado los ciudadanos.

Además, las personas que reciben las llamadas al 911 están debidamente certificadas con las pruebas de confianza.

“Ellos no son policías, algunos son estudiantes. Para trabajar aquí son sometidos a las pruebas de confianza que incluyen las toxicológicas, sicológicas, de patrimonio y el polígrafo”, aclaró Sauceda. En ese orden, hizo un llamado a la población para que reporte cualquier emergencia, siempre y cuando no sea una falsa alarma.