En representación de organizaciones patronales y el Comité para la defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas presentó un pronunciamiento contra la petición de la Procuraduría General de la República para que se admita la suspensión del acto reclamado interpuesto a la encuesta del último domingo de junio.
“Me presenté como ciudadano ante el tribunal y he sido instruido por el Codeh y una serie de organizaciones a oponerme a ese allanamiento porque el procurador debe tener una resolución mediante un acuerdo del Ejecutivo” afirmó el jurista.
Romero Banegas no valida el acto de la procuradora Rosa América Miranda. Sustentó que “su función no es absoluta, no puede actuar a título personal, ya que su papel es defender los intereses del Estado”.
El profesional del derecho pide que se declare nulidad al allanamiento de la Procuradora General de la República y a la demanda que presentó el Ministerio Público contra el decreto de la consulta, ahora llamada “encuesta de opinión”.
El Comité para la defensa de los Derechos Humanos (Codeh) y 20 organizaciones aglutinadas en la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Futh) son los promotores de las acciones judiciales.
La procuradora general, como abogado del Estado, consideró que la iniciativa del presidente Zelaya constituye 'una grave infracción al ordenamiento jurídico y causaría un daño serio al estado', en un escrito que giró al juez contencioso administrativo de Tegucigalpa, Jorge Zelaya, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso y tiene cinco días para emitir un fallo.
