En la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se interpuso ayer un recurso de inconstitucionalidad en contra el Decreto Legislativo 89-2012 que crea la Ley Especial para la Depuración Policial.
La impugnación la presentó la abogada Gladys Montoya, en representación de 155 oficiales y agentes de policía que fueron puestos en situación de disponibilidad al no aprobar las pruebas de confianza.
Montoya expuso argumentos que a su juicio comprueban la ilegalidad del decreto, básicamente referidos a la vulneración al derecho constitucional de la defensa.
“Aquí los están dejando indefensos, se les está violentando la moral, se les está violentando todas las garantías que están en la Constitución: el 59, el 69, el 80, el 82, el 89, todas las garantías; el debido proceso se violenta totalmente suspendiendo la Ley de Policía y dejando un decreto violatorio a todas luces de nuestra Constitución”, expresó.
A su parecer, la Ley de Depuración la aprobó el Congreso Nacional con tintes políticos, careciendo de preceptos jurídicos.
Con este suman tres los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la depuración; los otros dos ya fueron admitidos y está para dictar sentencia.
Le queda un mes de vida
Apenas le queda un mes de vida al decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional, y solo ha servido para lograr la separación de 33 elementos que resultaron aplazados en la pruebas de confianza.
Hasta la fecha se han efectuado 400 pruebas de polígrafo, en las pruebas de confianza, y de estos 124 resultaron aplazados.
De los 400 evaluados, 145 son pruebas solicitadas por la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) y el resto por diferentes dependencias de la Policía Nacional.
El proceso de depuración camina lento, aparte de los 33 despedidos directamente por reprobar el polígrafo.
La Secretaría de Seguridad separó de sus cargos a 99 efectivos más para luego ponerlos a disposición y así allanar el camino para separarlos.
No obstante, las 99 suspensiones se hicieron en aplicación del artículo 112 de la de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y no mediante el decreto de depuración.
Ese artículo establece que los policías que no tengan funciones específicas serán puestos a disponibilidad y si en un año no tienen asignaciones se les despedirá con el pago de su cesantía.
Decreto
El Congreso Nacional aprobó el decreto 89-212 , vigente desde su publicación en el diario La Gaceta el 28 de mayo de 2012,
mediante el cual se le concedieron amplios poderes por un período de seis meses a Juan Carlos Bonilla, director de la Policía Nacional, para adecentar la institución.
La terminación de ese decreto es el 25 de noviembre, es decir, dentro de 25 días.
La principal herramienta para la destitución de oficiales y el resto de policías concedida por esa legislación son las pruebas de confianza de la DIECP.
Las otras pruebas que se aplicaron son la toxicológica, socioeconómica y psicométrica.
El decreto 89-2012 también facultó al director de la Policía Nacional a evaluar el desempeño de cualquier miembro de la institución en sus funciones asignadas y cuando se evidencia que no cumple con sus deberes lo podrá despedir de inmediato.
No obstante, esta potestad no ha sido utilizada por el jerarca policial.
Pompeyo Bonilla: “Pueden demandar en los tribunales”
Pompeyo Bonilla, ministro de Seguridad, dijo que los miembros de la Policía que están en la lista de disponibilidad y que tienen inconformidad pueden demandar en los tribunales competentes.
Bonilla dijo que la transformación y depuración de la Policía es un mandato de la ciudadanía que tomó el Congreso Nacional después del vil asesinato de dos jóvenes universitarios.
Los oficiales y agentes de la escala básica que han sido puestos a disposición deberán esperar un año para ser retirados de la institución y pasar a gozar de una jubilación.
Reiteró que con esa acción no se está violentando ningún derecho; sin embargo, los miembros de la institución que sientan que se les está violando algún derecho tienen la facultad de acudir a las instancias legales para que se les restituya.
El funcionario anunció que los agentes y oficiales ahora serán entrenados como Policía Comunitaria mediante una capacitación en derechos y humanos y acercamiento con la población de 10 meses y dos meses de una práctica supervisada, antes de empezar a prestar el servicio. Informó que el próximo 8 de noviembre se impartirá un taller sobre policía comunitaria en Honduras.
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