Los abogados defensores puestos al ex presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, pidieron a los Tribunales anular ordenes de captura en contra del ex mandatario por juicios que se le siguen por suponerlo responsable por falsificación de documentos y abuso de autoridad en contra de la administración pública.
Los defensores que interpusieron el recurso fueron Crosvin Lanza y Anael Orellana. Los abogados fundamentan parte de su denuncia en que Zelaya no pudo defenderse en la debida forma durante el proceso que se le siguió, por lo que piden retrotraer el proceso legal a ese momento.
Los defensores no piden anular las acusaciones, solo volver a la instancia inicial para que el mandatario sea informado sobre el caso que se le sigue, los cuales derivan en dos casos, uno por 27 millones de lempiras y otro por 30 millones, y pueda iniciar su proceso de defensa.
Tras calificar de 'parcial' y 'manipulada' a la justicia, Zelaya dijo más temprano el martes que abandonará su exilio en República Dominicana para regresar a Honduras hasta que sean eliminados los juicios por corrupción que le ha encausado la fiscalía.
'Nadie está seguro en Honduras y no existen señales de que se pretenda hacer justicia', afirmó el ex mandatario en un correo electrónico enviado a The Associated Press.
Calificó también de 'ardid jurídico' la decisión del presidente Porfiro Lobo y la procuradora general Ethel Deras de lograr que los tribunales designaran a tres abogados del gobierno para defenderlo en ausencia.
'Ratificamos nuestra disposición a regresar inmediatamente a nuestra tierra al momento en que se ponga fin a los juicios fabricados en mi contra', añadió.
Zelaya sostuvo que 'la Corte Suprema se involucró en la conspiración' para sacarlo del país 'y perdió legitimidad, no solo ante los ojos del pueblo sino ante la comunidad internacional'.
No precisó si se presentará voluntariamente ante los jueces para defenderse de los cargos que se le imputan.
Lobo entretanto ha declarado públicamente su decisión de allanar el camino al ex gobernante con el fin de que éste retorne cuanto antes al país.
En base a investigación del Tribunal de Cuentas, la fiscalía acusó a Zelaya por siete delitos, cinco de carácter político y dos por fraude y falsificar documentos públicos para supuestamente sacar del Banco Central unos tres millones de dólares en efectivo.
Por esos delitos también fueron encausados unos 12 funcionarios de Zelaya, los que en su mayoría han sido sobreseído por los jueces.
Zelaya viajó a Santo Domingo en enero con un salvoconducto de Lobo, que ese día asumió para una gestión de cuatro años. El ex gobernante estuvo refugiado más de tres meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, después de haber sido derrocado en junio de 2009.
A raíz de la destitución, la Organización de los Estados Americanos suspendió a Honduras.
Jueces hondureños piden respetar ley en caso Zelaya
Su responsabilidad en delitos en el ámbito civil sería lo único que enfrentaría el ex mandatario Manuel Zelaya, ante su eventual retorno al país.
Según ha trascendido, Zelaya podría salir bien librado de las tres acusaciones por delitos políticos y actos de corrupción en la jurisdicción penal. El Ministerio Público, MP, interpuso tres acusaciones en contra de Zelaya, de las cuales el Juzgado de Letras Penal de la capital libró igual número de órdenes de captura.
En el primer requerimiento fiscal, el MP presume que el ex mandatario incurrió en delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.
Estos delitos son considerados como políticos y comunes conexos, sobre el cual el Congreso Nacional decretó una amnistía, por lo que el expediente es archivado. Al concluir otras investigaciones, el MP interpuso dos acusaciones más contra el ex mandatario por delitos ligados a actos de corrupción, que no abarca la amnistía.
En el primero, la Fiscalía contra la Corrupción supone que Zelaya es responsable de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la Fiscalía, se desviaron unos 27 millones de lempiras para pagos de publicidad mediante la emisión de injustificados decretos de emergencia. En el último requerimiento el MP le imputa falsificación de documentos públicos, dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública y fe pública.
El caso refiere al despilfarro de 30 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social para el pago de publicidad valiéndose de injustificado decreto de emergencia. En total suman 57 millones los que se habrían despilfarrado.
Indemnización
Al respecto, Zelaya tendrá que devolver al Estado los 57 millones de lempiras que según la Fiscalía habrían sido despilfarrados en su gestión, en perjuicio del Estado.
Ésta es la posición de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah.
“La Procuraduría debe exigir que se indemnice al Estado hondureño sobre los millones de lempiras que sacaron ilícitamente de las arcas del Estado”, manifestó Teodoro Bonilla, presidente de la Asojmah.
La recuperación del dinero es en razón a una indemnización por daños y perjuicios, que la PGR está obligada a exigir por ser el representante legal del Estado.
“La Procuraduría sólo debe defender los intereses del Estado de Honduras, no debe representar a ningún imputado”, manifestó. Por lo tanto, señaló que es Zelaya quien debe escoger a sus defensores.
“La responsabilidad civil siempre va a existir, no se exime al ex presidente Zelaya; la responsabilidad penal deberá discutirse en los tribunales”, indicó el magistrado.
Es decir, que ante cualquier figura jurídica que se pretenda aplicar para beneficiar a Manuel Zelaya en las dos acusaciones por corrupción, la responsabilidad civil no se extingue y deberá imponerse.
La Asojmah recalca que “el juez -que ventile el caso- debe actuar sin presiones. Además, por respeto a la Constitución, al Estado de derecho y a la ley procesal penal, Zelaya debe presentarse ante los tribunales para enfrentar los cargos que se le imputan”.
Posición del MP
Respecto al nombramiento de los defensores de Zelaya, el Ministerio Público no se ha pronunciado ante los Juzgados de lo Penal, por la acción emprendida por la PGR.
Se conoció que los defensores del ex mandatario se encuentran gozando de las vacaciones del Poder Judicial.
Sin embargo, una fuente consultada manifestó que en el momento en que se presenten acciones en los expedientes de Zelaya los defensores públicos nombrados tendrían que hacerse presentes aunque estén de vacaciones. Crosvin Lanza, Eduardo Turcios y Anaín Orellana son los abogados públicos encargados de la defensa de Manuel Zelaya.
Lo que sigue en el caso del depuesto Presidente es que alguna de las tres partes (Fiscalía, PGR o la Defensa), interponga alguna acción en el expediente, ya que el juez encargado del caso se encuentra trabajando entre los jueces de turno.
En las últimas 48 horas se ha hablado sobre la presencia de Zelaya en el país, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades. Hace un año Mel ingresó al país sin que las entonces autoridades se enteraran de su presencia. El ex mandatario permaneció encerrado en la embajada de Brasil varios meses.
Seguridad
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, se refirió a la posible llegada al país del ex presidente Manuel Zelaya Rosales. “Yo creo que como hondureño él puede entrar o salir del país cuando quiera”, dijo. “Yo ya lo he dicho antes, que nosotros como Policía, el Congreso Nacional nos ordena a través de las leyes que le demos protección a un ex Presidente, no importa quien sea”, aseguró el funcionario.
En relación con los casos judiciales que están pendientes, dijo que será el juez que mira el caso el que va a decidir. “De lo que nosotros vamos a estar pendientes es de que si él regresa, tenga todas las protecciones del caso para que él solucione sus problemas de la manera más efectiva y de conformidad con la ley”, concluyó el titular de Seguridad.
UCD entrega documento a la Corte Suprema
Los miembros de la Unión Cívica Democrática (UCD) sostuvieron ayer una reunión con miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Jorge Rivera Avilez afirmó que la UCD entregó un documento, donde plantean porqué no puede allanarse el paso de Zelaya por los juzgados. Una acción de esta naturaleza violentaría disposiciones constitucionales y otras leyes vigentes en el país.
Para el caso, se violenta el artículo 60 y 95 de la carta magna en el que se estipula que todos somos iguales ante la ley. Además se violentan los artículos del Código Penal, el 50, 53, artículo 101 numeral 3 y artículo 112. Rivera garantizó que como CSJ no influyen en las decisiones de los jueces, quienes son independientes.
Por otra parte, sobre el supuesto regreso de Mel, Carlos Funes, viceministro de Defensa, dijo que en esa Secretaría sólo han escuchado “comentarios” sobre la visita que habría hecho el ex Presidente el fin de semana.
Se le preguntó si las FF AA están en alerta para ejecutar la orden de captura que pesa sobre el ex Presidente y respondió que “alertas no son necesarias levantarlas, él es hondureño y puede venir al país cuando quiera”.
