Tegucigalpa, Honduras
La Procuraduría General de la República (PGR) dictaminó que se declarara la expropiación por motivos de utilidad pública de todas las áreas adyacentes a la central hidroeléctrica Patuca III y que se procediera a la subasta pública del material forestal que se extraiga de la zona del embalse.
Con lo anterior, la PGR dejó claro que la capa forestal que se extraiga de los más de 24 kilómetros cuadrados del área de la represa no podrá ser traspasado, enajenado ni utilizado por ninguna persona natural y jurídica por tratarse de bienes estatales que solo pueden venderse bajo la modalidad de subasta pública.
| Disposición
Conforme a la Ley de creación de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, los bienes públicos solo pueden subastarse.
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Esta constructora es la responsable de la limpieza forestal del complejo hidroeléctrico Patuca III, mediante un contrato de 66.3 millones de lempiras, y se le responsabiliza de haber incumplido el cronograma de trabajos, lo que ha retrasado la inundación del embalse y su pronta operación comercial.
También se le señala de pretender aprovechar el recurso forestal, consistente en 120,000 metros cúbicos de bosque latifoliado y coníferas de la zona, estimado en más de 47 millones de lempiras.
Dictamen
La opinión legal de la PGR, que tiene carácter ilustrativo y no vinculante, fue solicitada por la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), ante el conflicto que surgió cuando la gerencia de la Enee concedió plenas facultades a la citada compañía sobre el corte y salvamento de los árboles que se extrajeran del lugar. Frente al conflicto legal que eso implicaba, la misma Enee pidió a la PGR su opinión legal sobre el mecanismo legal apropiado para vender o donar este material que se acumulará en distintos puntos de acopio distribuidos alrededor de la zona de inundación, bajo el entendido de que se trata de un terreno fiscal y considerando que en la actualidad estos productos y subproductos derivados poseen un gran valor comercial. Al respecto, la Procuraduría dictaminó que se procediese a declarar la “expropiación por utilidad pública de las áreas descritas en los cuadros detallados en el artículo 2 del presente decreto ejecutivo, necesarias para la ejecución del Proyecto Patuca 111 (Piedras Amarillas), mismas que pasarán al dominio del Estado de pleno derecho” y que bajo ese precepto se proceda a la subasta pública del material forestal.
Consultado por LA PRENSA, Rafael Triminio, director de la Ueper, confirmó que los atrasos para poner a operar a Patuca III han obedecido a diferentes factores, entre ellos, las abundantes lluvias que arrecian en la zona, conflictos con los propietarios de terrenos y el hecho que todavía están en fase de construcción varios puentes y tramos de carreteras. También negó que se le haya dado a Briceño y Asociados la facultad de disponer comercialmente del material forestal que se extraiga de la zona. Con respecto al dictamen de la PGR, Triminio manifestó que el mismo no es vinculante, porque de acuerdo con la nueva Ley Forestal, el propietario de las tierras es el dueño del bosque, pero debe pedirle permiso al Instituto de Conservación Forestal (ICF) para un plan de manejo.
Recordó que en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa se firmó un convenio con los pobladores afectados mediante el cual se les planteaba dos opciones: la indemnización de sus predios con toda el bosque existente o solo el pago de la tierra y ellos podían hacer usufructo de la madera.
| “No hemos sacado ni una ramita de Patuca”: Briceño
Héctor Briceño, propietario de la constructora Briceño y Asociados, responsable de la limpieza de Patuca III, aseguró ayer que los atrasos obedecen a otros factores que no son atribuibles a su compañía y negó vehementemente que haya sacado “una sola ramita” del referido proyecto.
El empresario salió en defensa del contrato adjudicado a su compañía y recordó que el mismo fue concedido mediante una licitación pública en la que participaron cinco empresas y en la que ellos presentaron la oferta más baja, que consistió en L67 millones de los L88 millones que era el precio base. Reconoció que ha habido atrasos en la operatividad del proyecto hidroeléctrico, pero adujo que estos obedecieron a diversos factores, como las lluvias que imperan en la zona, la inaccesibilidad a los terrenos y al hecho de que muchos pobladores no han llegado a un arreglo con el Estado y no permiten que se haga la limpieza de sus predios, mientras no se les pague la respectiva indemnización.. También apuntó que no se han podido terminar las carreteras y puentes adicionales que se necesitan para habilitar el paso de las comunidades que quedan aguas arriba de la represa y que de procederse al llenado sin terminar estas obras, estas quedarían incomunicadas. Briceño responsabilizó a la exdirectora de la Ueper Claudia Aguilar de estar detrás de una campaña en su contra y de no haber planificado con tiempo la limpieza y la construcción de las obras alternas para echar a operar a Patuca III. Aseguró que los trabajos de limpieza han avanzado en un 55 y 60% y argumentó que ellos plantearon a las autoridades de la Enee que el trabajo de corte y salvamento de la madera llevaría como mínimo entre 10 y 12 meses, porque se trata de una vasta zona de bosque calculada en más de 5,800 hectáreas. Aseguró que solo el permiso del ICF para iniciar el corte les llevó más de 60 días. Por otro lado, el ejecutivo negó que su empresa se esté aprovechando del recurso forestal que se extrae de la zona y explicó que la mayor parte de la madera se está colocando en centros de acopio para que el Estado disponga de ella como mejor convenga. “Yo no he sacado ni una ramita de Patuca, toda la madera está ahí”, enfatizó. |
