San Pedro Sula, Honduras.
Independietemente del candidato que gane las eleccciones en México, el nuevo Gobierno deberá aprobar una ley migratoria que garantice los derechos humanos de las personas de Centroamérica y otras latitudes que llegan a ese territorio para quedarse o con el objetivo de entrar a Estados Unidos.
Esa es la esperanza que abrigan más de 30 organizaciones de la sociedad civil de México que consideran que el Estado debe replantear la política migratoria para predicar con el ejemplo y exigir, con autoridad moral, a EUA el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.
“Para nosotros es fundamental que el Gobierno modifique su política de Estado en materia de migración, que deje de tener esta perspectiva de seguridad nacional y tenga una perspectiva de seguridad humana para garantizar los derechos humanos de las personas independientemente de la condición migratoria”, dijo MelissaVértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) de ese país.
Durante una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA, Vértiz Hernández explicó que GTPM espera que el nuevo Poder Legislativo apruebe cambios a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Por un lado, según Vértiz Hernández, GTPM aspira a que el Poder Legislativo considere “que la privación de libertad de personas migrantes y personas objeto de protección internacional debe ser una excepción y no una regla”.
Independietemente del candidato que gane las eleccciones en México, el nuevo Gobierno deberá aprobar una ley migratoria que garantice los derechos humanos de las personas de Centroamérica y otras latitudes que llegan a ese territorio para quedarse o con el objetivo de entrar a Estados Unidos.
Esa es la esperanza que abrigan más de 30 organizaciones de la sociedad civil de México que consideran que el Estado debe replantear la política migratoria para predicar con el ejemplo y exigir, con autoridad moral, a EUA el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.
“Para nosotros es fundamental que el Gobierno modifique su política de Estado en materia de migración, que deje de tener esta perspectiva de seguridad nacional y tenga una perspectiva de seguridad humana para garantizar los derechos humanos de las personas independientemente de la condición migratoria”, dijo MelissaVértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) de ese país.
Durante una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA, Vértiz Hernández explicó que GTPM espera que el nuevo Poder Legislativo apruebe cambios a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Por un lado, según Vértiz Hernández, GTPM aspira a que el Poder Legislativo considere “que la privación de libertad de personas migrantes y personas objeto de protección internacional debe ser una excepción y no una regla”.
Esa organización argumentó que este año, de acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), México registró “44, 327 eventos de personas migrantes en estaciones migratorias, de este total, 9,995 menores de edad, 6,507 hombres y 3,488 mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela”.
Los legisladores “tienen en sus manos la aprobación de un cambio (...) en materia de infancia migrante. Esta iniciativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados. Básicamente esta armonización, a favor de la infancia que viene de Guatemala, Honduras, El Salvador y de otros países extracontinentales, prohibiría que niños y adolescentes estén en estaciones migratorias. La privación de libertad es una violación grave cuando se trata de niños y niñas y adolescentes”, expresó.
Vértiz Hernández explicó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha criticado a Estados Unidos por el trato que le da a la niñez de México y Centroamérica, sin embargo, “en México también se les priva de la libertad y hay separación de familias”.
“Esta legislación marcaría cierta restitución de derechos. Estamos hablando de que las niñas, niños y adolescentes que estén en territorio mexicano y deportados, si se les determina que sus derechos fueron violentos, se establezca un plan de reparación del daño”, explicó.
A juicio de Vértiz Hernández existe la imperiosa necesidad de “modificar la Ley de Migración relacionada con el acceso a la justicia y el debido proceso, la posibilidad de que las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras tengan mecanismos accesibles y asequibles para su regularización migratoria”.
“En las estaciones migratorias de México violentan derechos del debido proceso, tan fundamentales, como el derecho a la información. Hay condiciones materiales que ponen en riesgo la vida y seguridad de los migrantes. Se ha documentado que duermen en colchones llenos de chinches, no les permiten el acceso agua de manera cotidiana, hay suciedad en los baños, no hay privacidad. En la estación de Tapachula, Chiapas, la más grande América Latina, se encierra a los niños en especies de celdas, hay separación de familias”, argumentó.
