En alerta se encuentran los habitantes de Mocorón, en el municipio de Puerto Lempira, en Gracias a Dios, ante la amenaza de desalojo del campamento que han establecido en oposición a la construcción de una megacárcel para albergar reclusos de alta peligrosidad.
Una comisión encabezada por el coordinador de fiscales del Ministerio Público, Edwin García, además de agentes de la Dirección Nacional de Investigación (DPI) y representación de los Derechos Humanos, llegó ayer jueves a los predios con el fin de constatar las condiciones en las que se encuentran los misquitos que se mantienen en la lucha.
“Las Fuerzas Armadas han solicitado ese desalojo, pero el fiscal nos dijo que todavía no andaban en eso, solo haciendo una inspección. Sabemos que pueden traer un juez para desalojarnos, pero estamos dispuestos a defender esta lucha a como dé lugar. No vamos a permitir que construyan esa cárcel aquí”, dijo Felícito Reimundo Greham, líder de la organización Voces del Consejo Comunal de Mocorón, a diario LA PRENSA.
El dirigente misquito denunció además que una comitiva del Ejército llegó ayer a intimidarlos realizando videos de los pobladores que se mantienen en protesta en el campamento.
“Dos carros doble cabina del Ejército llegaron con coroneles y camiones antimotines, con todo lo necesario, y nos estaban monitoreando, hasta con tres drones, quizá para intimidarnos. Pedimos a la presidenta Xiomara Castro que instruya a su gente a no hacer eso porque es como provocarnos”, agregó Greham.
La denuncia sobre el desalojo de los pobladores misquitos también la hizo Erika Urtecho, diputada por Gracias a Dios por el Partido Liberal. “Tenemos información de que mandos intermedios del Gobierno han interpuesto una denuncia en el Ministerio Público con el objetivo de desalojar a mis hermanos misquitos que se encuentran protestando en Mocorón contra la instalación ilegal de la cárcel”, apuntó la congresista.
“Confío en que el Poder Judicial tomará una decisión apegada a los derechos de los pueblos indígenas de La Mosquitia” añadió.
Los misquitios anunciaron además que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra la intención del Gobierno de construir la cárcel de máxima seguridad en sus territorios ancestrales.
Son unas 800 manzanas de tierra donde se contempla la construcción de la megacárcel. Los pobladores aseguran que dichos predios pertenecen a los consejos territoriales indígenas de Gracias a Dios.
En el sitio funciona el Quinto Batallón de Infantería, desde inicios del año de 1980, con el fin de proteger la soberanía nacional durante el conflicto en Nicaragua con los contras nicaragüenses.
Los líderes misquitos denunciaron además que el Ejército pretende destruir el cementerio de la comunidad, ya que está en el perímetro donde se construirá el recinto.
