El exdiputado liberal hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios ha admitido su culpabilidad en un caso de narcotráfico ante la jueza magistrada de Estados Unidos, Jennifer Willis, el pasado 9 de agosto de 2024.
La declaración de culpabilidad fue transcrita y enviada al Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York para su revisión.
Tras analizar la transcripción, el tribunal, bajo la dirección del juez Lewis A. Kaplan, determinó que la confesión de Martínez Turcios fue realizada de manera consciente y voluntaria, y que existen fundamentos fácticos sólidos que la respaldan.
En consecuencia, el 12 de agosto de 2024, el juez Kaplan ordenó que la declaración de culpabilidad sea aceptada oficialmente. Sin embargo, aún no se ha especificado si esta aceptación abarca todos los cargos en su contra o solo uno de ellos.
Este avance marca un punto crucial en el proceso judicial contra Martínez Turcios, quien enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
La próxima etapa del proceso judicial está pendiente de que el juez Kaplan fije la fecha para dictar sentencia.
El caso contra Martínez Turcios se remonta al 17 de agosto de 2020, cuando las autoridades estadounidenses en Nueva York presentaron cargos penales en su contra.
Además, en un pliego separado, se formularon acusaciones contra los hermanos Arnaldo, Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto.
Los cuatro individuos enfrentan cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con armas de fuego.
Las investigaciones señalan que la organización criminal conocida como Los Cachiros supuestamente colaboró con Martínez Turcios y la familia Urbina Soto desde al menos 2004 hasta 2014.
Durante este período, la organización se encargó de recibir cargamentos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia, utilizando rutas aéreas y marítimas.
Estos cargamentos eran posteriormente transportados hacia el occidente de Honduras, con frecuencia bajo la custodia de funcionarios públicos, antes de ser llevados a la frontera con Guatemala y enviados a Estados Unidos en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.
