Los diez mil lempiras que Trinidad Escobar pidió prestados en una microfinanciera del Occidente la llevaron a la ruina. Pagó casi cincuenta mil lempiras debido a los intereses y aún así perdió su puesto de comidas en el mercado central de Santa Rosa de Copán y hasta los enseres de su casa.
“Si no firma la mando presa”. Así recuerda Trinidad, una mujer de 56 años, la forma en la que fue amenazada para que honrara la deuda que contrajo con la microfinanciera.
“Quería ampliar el local donde vendía comida. Busqué el apoyo de la financiera y solicité un préstamo de 10 mil lempiras. Tenía muchas ilusiones, pensaba pintar y arreglar el espacio donde diariamente preparaba las sopas y los almuerzos que vendía a sus clientes”.
Pero sus ilusiones se desvanecieron por la falta de ventas, que la llevó a no pagar tres cuotas.
“Me pusieron una cuota quincenal de 800 lempiras. Cada semana me mandaban un cobrador para pagar la cuota.
Era un asedio, aún cuando no estaba atrasada en el pago. Además, cada vez que venía el cobrador debía pagarle cien lempiras por el combustible de la moto en que se desplazaba. A veces, si a la semana el muchacho venía cinco veces, tenía que pagar 500 lempiras además de los intereses moratorios. Era un dineral”.
Esa situación la llevó a vender algunas de sus pertenencias, “hasta un televisor que había comprado a plazos por seis mil lempiras. La licenciada me lo quitó y sólo me lo valoró en 500 lempiras. Eso era lo último que tenía. Me quedé sin nada, me dejaron en la calle”.
Por el puesto en el mercado, la apoderada de la entidad la hizo firmar un traspaso y la microfinanciera lo vendió en 25 mil lempiras; aduciendo que la deuda se había acumulado. En meses, la cuenta era más del triple de lo que Trinidad había recibido.
Trinidad ahora trata de empezar de nuevo para ayudar a sus hijos. Una hermana le ayuda y le presta un pequeño local donde vende comida.
Al borde del suicidio
Como ella, Duvis Jacqueline Caballero, una vendedora de elotes y tamalitos de esa misma zona del país, ha pensado hasta en quitarse la vida por la presión que ha recibido de la apoderada legal de otra institución microfinanciera; que la ha llevado a una depresión fuerte.
“He estado dispuesta hasta matarme, no aguanto la presión de la abogada, que me exige que pague más de lo que debo”.
Duvis recalca que nunca había quedado mal, siempre había pagado puntualmente los siete préstamos anteriores, pero esta vez la crisis la llevó a no reunir la cuota establecida por los 60,000 lempiras que solicitó.
Ella ha pagado 30,000 lempiras, pero la baja en ventas la llevó a solicitar a la microfinanciera pagar una cantidad menor y no caer en mora, pero no encontró respuestas.
“Pedí un préstamo, pero fracasé en el negocio, me atrasé en tres letras, vino una licenciada y me amenazó con ponerme una demanda. Yo le dije que ni modo, que no podía pagarle como ella decía”.
Duvis pidió refinanciamiento para no dejar de cumplir con su obligación, pero “ellos no aceptan la cantidad que les digo que sí puedo pagar y dicen que debo pagar una cantidad mayor; pero no está a mi alcance.
La abogada todos los días me manda mensajes a las cinco de la mañana para cobrarme y me amenaza que va a actuar penalmente, que voy a ir presa. A todo esto, ya la deuda ha aumentado el doble. Me dicen que debo 74 mil. No sé que tanto me cobran”, manifestó la mujer que tiene cuatro hijos, es madre soltera y se encuentra sin trabajo.
Las microfinancieras
Ellas son el ejemplo de las personas víctimas de la usura de entidades microfinancieras sin control, que constituyen la única salida para obtener crédito por parte de microempresarios y agricultores que no califican en la banca comercial.
“Los casos de este tipo se presentan especialmente en la zona rural”, explicó el fiscal de Protección al Consumidor Gustavo Mejía, donde esas instituciones no están reguladas.
La tasa de interés de las microfinancieras oscila entre el 22 al 36 por ciento, según el rubro, pero muchas mujeres y hombres deciden aceptar el alto interés por mejorar su calidad de vida.
El gerente de la Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, Jackson Argeñal, explicó que los altos intereses que se cobran se debe a la atención especializada que se brinda a los clientes.
“Nuestra labor se extiende a las zonas rurales donde los clientes no tienen acceso formal a la banca y por eso el interés que cobramos es más alto porque damos una atención directa, vamos donde el cliente, le documentamos el crédito y llenamos la solicitud”.
Argeñal reconoce que también influye la ubicación, el volumen de crédito y el tamaño de las microempresas.
“Un banco coloca dos millones en una sola persona. Eso implica una llamada, un expediente, una transacción, pero en las microfinancieras colocar dos millones significa atender a 200 personas, por lo tanto hay que asignar una persona para atenderlos. Eso incrementa costos porque hay que movilizarse a lugares de difícil acceso, buscar los avales y hacer todo el trámite que al final se traslada a los costos por interés del préstamo”.
La meta de las microfinancieras es mantener una morosidad saludable, por ejemplo Hermandad de Honduras asegura que tienen una cartera de crédito donde el 95 por ciento de los clientes son puntuales. Apenas un 1 a 2% presentan problemas de pago.
“Aplicamos procedimientos al momento de realizar la cobranza, sabemos que la crisis actual ha afectado al comercio y hemos hecho refinanciamientos en casos que han sido comprobados a través de la unidad de riesgo.
No tenemos por política el embargo o quitar el menaje de hogares o accesorios, tratamos que el cliente pague la cuota establecida”, expresó Argeñal.
Sin embargo, varios clientes que han sido apoyados por esta organización manifestaron que el cobro adicional de cincuenta a cien lempiras libre de los intereses moratorios para ellos es una irregularidad.
“Tengo una fecha de pago, pero siempre me retraso porque mi sueldo lo cancelan en otra fecha. Siempre voy al día pero cancelo la cuota diez o once días después de lo acordado y me penalizan con un cobro adicional de cincuenta o cien lempiras.
Aún no comprendo por qué se me hace ese cobro y no sé si es legal”, manifestó Ricardo Rodríguez.
Control
Sobre la regulación a las microfinancieras, Tania Velásquez, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, dijo que ese organismo sólo supervisa y regula a cinco de ellas “y son las que están constituidas para tal fin y son las únicas que deberían conceder microcréditos”.
Las reguladas son Hermandad de Honduras, Fama, Funed, Pilarh y Credisol. “Si hay alguna institución dando créditos sin estar regulada está al margen de la ley, salvo que sean prestamistas no bancarios”.
Agregó que todas las instituciones deben cumplir lo que dispone el artículo 47 de la Ley de Opdf y el art. 56 de Reglamento de dicha ley, que establecen que la tasa de interés no podrá ser mayor que tres puntos arriba a la tasa de interés prevaleciente en el sistema bancario.
“La ley no hace referencia en cuanto a comisiones ni cobros extras”.
Las instituciones microfinancieras están obligadas mensualmente a remitir la información de cuáles son sus tasas activas. “Una vez al año validamos la situación de las microfinancieras. No es factible que le incrementen la tasa de interés al cliente o le cambien las reglas del juego sin notificarlo y es básico que el cliente lo sepa. Los cambios en las tasas no se pueden hacer unilateralmente, todo debe estar establecido en el contrato”.
Velásquez recordó que si un usuario se siente afectado debe realizar la denuncia ante la división de protección del usuario financiero de la CNBS, que determinará si existen irregularidades y efectuar la devolución de lo cobrado en exceso.
“Además se aplica una sanción a la microfinanciera, pero hasta la fecha no hemos recibido denuncias hacia estas instituciones”.
La representante explicó que las microfinancieras tienen la “obligación de consultar la información de las centrales de riesgo privadas para determinar cuál es el nivel de endeudamiento del cliente y no deberían conceder créditos si no hay capacidad de pago; así sean la única opción para las personas”.
La CNBS ha presentado un proyecto para reformar el marco legal y regulatorio del sector microfinanciero.
