Líderes de opinión pública lamentaron la muerte de 18 presos en un ataque en el centro penal de Tela, Atlántida, la tarde-noche del viernes recién pasado, al tiempo que coincidieron en que el hecho deja en evidencia la precariedad del sistema penitenciario nacional.
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones la grave situación de los centros penitenciarios de Honduras, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.
Los responsables de los hechos violentos en las cárceles son “las Fuerzas Armadas, la Policía, gente de alta cúpula que se vinculó con el crimen organizado y las drogas”, dijo Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos.
“No se puede creer que la Policía y las Fuerzas Armadas van a controlar las cárceles porque ya han estado al frente de ellas y siempre han estado ingresando armas, drogas, celulares y otros tipos de artefactos que están alimentando la corrupción, violencia e impunidad en los centros carcelarios”, agregó del Cid.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), Roberto Herrera a través de un comunicado, llamó a que la comisión interventora para el sistema penitenciario nacional que nombró el Gobierno tome las medidas adecuadas, regidas por los estándares internacionales en materia de trato de digno de las personas privadas de libertad para asegurar que estos hechos no se repitan.
Representantes de sociedad civil demandaron investigación de parte del Estado.
Reacciones:
“Esto demuestra que declarar estado de emergencia era necesario”

El representante de la sociedad civil dijo que “recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario implica no dejar espacio alguno para la violencia en ninguno de los centros carcelarios”.Además, demandó una investigación y “deducir responsabilidad a quienes actuaron con violencia homicida”.En entrevistas anteriores, Rivera ha instado a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para reducir la mora judicial y buscar mecanismos para descongestionar las prisiones.
La matanza supone una “violación a los derechos humanos”

“Es un reflejo de la incapacidad de manejar el sistema carcelario”

“Los centros penales tienen una sobrepoblación, en la que en los últimos diez años se ha incrementado en casi 100%. Encontramos que para estas personas la pena es ser privados de libertad; pero además de eso no hay seguridad física ni psicológica dentro de las cárceles”.
El profesional del Derecho cuestionó que las autoridades penitenciarias y el mismo Estado no se han preocupado por crear las condiciones para que las personas puedan rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad, pese a que existe la Ley del Reo sin Condena para ese fin.
“Creo que hay que hacer una revisión no solo de las instalaciones carcelarias, sino que existe demasiada corrupción que permite el tráfico de droga, el paso de armas, alcohol y otras situaciones”.
“Hay que eliminar la negligencia y las prácticas corruptas en las cárceles”

“Hacemos un llamado nuevamente a erradicar las graves deficiencias identificadas reiteradamente al interior del sistema penitenciario hondureño, a eliminar y sancionar las prácticas corruptas y negligencias que crean condiciones para esta masacre”, agregó.
Herrera Cáceres dijo que el Estado tiene la obligación de hacer frente a sus responsabilidades con las víctimas, sus familiares y la sociedad, “incluyendo procesos profundos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”. Instó a que la comisión interventora tome las medidas adecuadas.