28/06/2022
06:58 PM

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Maccih acusa de sobrevaloración en viviendas de Patuca III a 10 personas

A través de tres empresas, la red drenó cuatro millones de lempiras, según la Maccih.
Se asignaron contratos millonarios sobrevalorados obviando la ley, agrega la Misión.

Tegucigalpa, Honduras.

Un nuevo requerimiento fiscal presentó ayer la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic), del Ministerio Público, ante el Tribunal en Materia de Corrupción contra 10 implicados en el caso denominado Patuca III Colusión y Corrupción.

Varios millones de lempiras se defraudaron a través de una red que usó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), por medio de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper), tal como LA PRENSA lo denunció en un reportaje de investigación publicado el 5 de septiembre de 2016.

Luis Guimaraes, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), aseguró que esta “es una primera línea de investigación en el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, adonde se evidencia con una denuncia del CNA y se tienen pruebas que muestran cómo se giraron invitaciones para presentar ofertas de la unidad de viviendas a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignando contratos millonarios sobrevalorados y obviando procedimientos”.

VER: PDF cómo funcionaba red del caso 'Patuca III Colusión y corrupción'

Los acusados. Diez personas son las señaladas en la investigación y a las que se les ha librado requerimiento fiscal: Gabriel Prieto Gutiérrez por de fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos, Juan José Villeda Mejía por fraude, violación de los deberes de los funcionarios y cohecho, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa Claré y Elia Virginia Medina Zúñiga por violación de los deberes de los funcionarios, Waldina Lizzeth Salgado Pérez y Francisco Arturo Mejía por fraude y soborno doméstico, Roberto Arturo Mejía Salgado Pérez por soborno doméstico, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera por fraude en el grado de complicidad.

“Este es un caso que muestra categóricas irregularidades en el proceso de adjudicación, sobrevaloración de bienes objeto del contrato de suministro, en algunos casos en hasta en un 149% del valor que tenían en el mercado”, dijo Guimaraes.

Irregularidades. Para la Ufecic-Maccih, en la ejecución del proyecto se mostró falsedad en la recepción de bienes con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos.

Se evidenció la colusión de los implicados en la conformación de empresas para defraudar al Estado de Honduras. El 10 de mayo de 2012, Gabriel Prieto Gutiérrez, director Ejecutivo de la Ueper, invitó directamente a las empresas Lutopas, Ergo Limited S.A. de C.V. y la empresa Prefabricados de la Madera Sarahí, S. de R.L. para que presentaran sus ofertas en el proceso de Contratación para el Equipamiento de las Unidades de Vivienda y Oficinas del Campamento de la Enee en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Las cifras del supuesto desfalco
-4.1 Millones lempiras fue la sobrevaloración en la adquisición de equipo que adquirió la Ueper.
-14.5 Millones de lempiras. Solo se recuperaron facturas del 47.3% de la compra total de todos estos bienes.
Según la investigación se eligió únicamente a estas empresas. A partir de ahí, las representantes legales de estas tres sociedades: Ada Amalia Puerto Ramírez, agente externo de la empresa Ergo Limited, y Suyapa Lorena Rivera, representante legal de Prefabricados de la Madera Sarahí (empresa creada, pero que nunca entró en operaciones), en complicidad con Waldina Lizzette Salgado, tenían el control de Lutopas.

Ellas presentaron ofertas altas con una diferencia de hasta 7.3 millones de lempiras para que el contrato le fuera adjudicado a Lutopas. Prieto Gutiérrez integró en la Comisión de Análisis de ofertas a Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Elia Virginia Medina y Luisa Sofía Figueroa, quienes no ejecutaron los actos propios de los deberes de su nombramiento ni el control debido de las ofertas presentadas por las empresas invitadas, según la Maccih.Durante la investigación se encontraron vinculaciones entre las tres compañías invitadas a ofertar.

Tres implicados, acusados de ser testaferros de los Cachiros
El Ministerio Público informó ayer a través de su página web que en el caso presentado por la Ufecic-Maccih, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Atic llevaron a cabo la operación Apolo en marzo 2018 contra una estructura criminal acusada de lavar activos y ser testaferros de la familia Rivera Maradiaga, conocidos como los Cachiros. Añade que “según las investigaciones que dieron como resultado requerimientos fiscales, los señores hoy (ayer) mencionados, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado y Waldina Lizzeth Salgado Pérez fueron acusados por el Ministerio Público el año anterior de tener nexos con la familia Rivera Maradiaga en muchas de sus operaciones como organización criminal”.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, a estas personas las unían varias empresas y diversas transacciones vinculadas con los Cachiros. El comunicado agrega que para el caso de Francisco Arturo Mejía, abogado y notario, “era la persona que realizaba todos los trámites legales en lo referente a la constitución de empresas y compra y venta de bienes de toda la familia Rivera Maradiaga; mientras que Waldina Lizzeth Salgado y Roberto Arturo Mejía Salgado formaban parte de la estructura de varias de las empresas. Todas estas personas se encuentran prófugas de la justicia”. Según la Fiscalía, “los vínculos más fuertes estaban relacionados con las empresas Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) y la empresa Acrópolis, esta última creada para prestar diversos tipos de servicios como diseño y construcción, ganó una millonaria licitación en el proyecto Patuca III”. Las investigaciones, aseguran, demostraron también que la empresa Acrópolis desarrolló varios proyectos más con la familia Rivera Maradiaga.