Una lucha de poder entre jueces y la coordinadora se ha desatado en los Juzgados Unificados de lo Penal de Tegucigalpa. El motivo: los primeros exigen su destitución por violentar la independencia de los jueces y Emily Page manifiesta que lo que quiere es transparentar la actividad en los tribunales de justicia.
Los jueces acusaron a Page ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por el atentado a la independencia de los jueces y citaron el caso de la jueza Alina Aguilera, quien lleva el caso del secuestro del joven Pablo Botto, por el cual están siendo procesados dos policías y un ex empleado de la empresa de la familia de la víctima.
La coordinadora supuestamente envió una nota escrita de su puño y letra -acompañada de un convenio internacional suscrito por Honduras- en que le señalaba los artículos que podía aplicar en ese caso y le subrayó los que tenían que ver con secuestros.
El juez Mario Ríos señaló que no pueden estar de acuerdo con una coordinadora cuando 'ni siquiera ha cubierto una declaración de imputado, una audiencia inicial, no sabe cómo se manejan este tipo de cosas'.
Agregó que, antes de tomar medidas, 'ella tenía que reunirse con todos nosotros y ver cómo funcionaba el tribunal y no venir de buenas a primeras a decirnos que vamos a trabajar de la forma que ella quiere. Consideramos que nos falta el respeto porque somos jueces de carrera'.
La coordinadora Emily Page apuntó: 'Es penoso, es lamentable y hasta diría bochornoso que jueces de este nivel tomen cuestiones de carácter tan doméstico, cuestiones que se pueden dialogar'.
Page aseguró que el hecho de que no haya sido juez de Letras no significa que no conozca el procedimiento (en los juzgados).
Nuevo conflicto
La coordinadora giró el día de ayer un memorándum por el que se prohíbe el ingreso de personas particulares en la sala donde están los despachos de los jueces. La entrada ha sido restringida a los defensores privados y públicos y abarca a los periodistas que brindan cobertura a esta fuente de información.
Los togados tendrán que notificar a los guardias de seguridad los nombres y apellidos de las personas, y si fiscales o defensores ingresarán en las salas.
Esta nueva decisión de Page causó malestar a los defensores públicos y privados y a los propios fiscales por considerar que es 'una arbitrariedad por parte de la coordinadora'.
Debido a esta posición de la coordinadora, los abogados sólo podrán revisar los expedientes de sus defendidos hasta el día que les toque realizar la audiencia.
En este enfrentamiento, los jueces han recibido el apoyo del presidente de la asociación de jueces, Teodoro Bonilla, quien acompañó a una delegación de jueces que se presentó a la Corte Suprema de Justicia a denunciar las acciones de la coordinadora.
'El nombramiento de Emily Page no fue sometido a un concurso, no se han cumplido los requisitos y por eso hemos solicitado al pleno de los quince magistrados que las partes sean sentadas y escuchen los argumentos y el pleno tomará la decisión', apuntó Bonilla.
