Tegucigalpa, Honduras.
El marco legal educativo de Honduras tiene 'vacíos' para proteger a los docentes afectados por la violencia y la extorsión, las principales causas que provocan su desplazamiento forzado, según un estudio presentado hoy en Tegucigalpa.
'El marco legal educativo, si bien incluye medidas que significan alternativas para los docentes (como los traslados), presentan vacíos en relación a otros mecanismos de protección y medidas que apunten a resolver de fondo, las necesidades de protección, que, ante contextos de violencia y desplazamiento, presentan los docentes', destaca el informe.
Señala que la medida de traslado de maestros tiene 'un carácter temporal', la 'reducción (o) control del factor de riesgo es la única alternativa eficiente para garantizar que el riesgo desaparezca' y para ello, es necesaria 'la acción conjunta de las entidades del Estado y el funcionamiento expedito del sistema judicial'.
El documento, titulado 'Impacto de la violencia en 220 centros educativos de Tegucigalpa', fue presentado este martes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Save the Children.
Los marcos legales y las políticas públicas educativas de Honduras están diseñados para 'contextos no violentos y en ausencia de situaciones de desplazamiento forzado por violencia', lo cual supone 'un vacío en relación con la adecuación de la respuesta institucional'.
Los maestros asignados a zonas violentas manifiestan un 'claro impacto a nivel mental y emocional', ya que la extorsión, el acoso sexual, la impotencia, desconfianza y la estigmatización afectan su 'desempeño, la confianza en la institucionalidad y profundizan la fractura al interior de la comunidad educativa', señala el informe.
Asimismo, perciben 'altos niveles de indiferencia y desinterés ante su situación, a lo cual se suman las campañas de desprestigio que identifican en medios de comunicación en detrimento de su función y su rol al interior de las comunidades'.
El informe señala que, según cifras del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, entre 2016 y 2017 se registraron '1.445 casos en situación de riesgo o desplazamiento interno forzado' e identificó a los docentes como el tercer grupo más afectado.
'Las personas desplazadas tienen desconfianza de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país, debido a la ausencia de respuesta, atención en la investigación y persecución del delito, todo ello, contribuye a generar un ambiente generalizado de impunidad, corrupción y temor hacia estas instancias', se subraya en el documento.
El representante de Acnur, Andrés Celis, destacó 'la multiafectación' que pueden llegar a tener los docentes en su rol de 'construir democracia, prevenir y proteger jóvenes', pero también reconocer que 'dentro de ese rol va una amenaza directamente contra ellos'.
'La extorsión, la presencia de actores alrededor de los centros educativos que afecta su rol, las dificultades del Gobierno escolar y su rol pedagógico frente a los jóvenes', son los principales problemas que enfrentan los docentes, dijo Celis a Efe.
Celis instó a las autoridades hondureñas a 'escuchar' a los docentes e impulsar iniciativas orientadas a 'atender sus necesidades y riesgos' y protegerles.
Los docentes, según el estudio, identifican al Estado de Honduras como el 'actor principal responsable de proponer alternativas y brindar respuesta a las necesidades del gremio docente, y problemas de inseguridad, violencia, amenazas, extorsión que son los factores que provocan el desplazamiento forzado'.
El estudio señala que es importante diseñar e implementar 'medidas idóneas, integrales y efectivas' para los docentes en situación de riesgo y los ya desplazados por violencia, que incluyan 'acciones concretas para la mitigación del factor de riesgo'.
Además, es necesario diseñar 'la ruta de referencia de situaciones de desplazamiento forzado' entre las secretarías de Educación y de Derechos Humanos. EFE
El marco legal educativo de Honduras tiene 'vacíos' para proteger a los docentes afectados por la violencia y la extorsión, las principales causas que provocan su desplazamiento forzado, según un estudio presentado hoy en Tegucigalpa.
'El marco legal educativo, si bien incluye medidas que significan alternativas para los docentes (como los traslados), presentan vacíos en relación a otros mecanismos de protección y medidas que apunten a resolver de fondo, las necesidades de protección, que, ante contextos de violencia y desplazamiento, presentan los docentes', destaca el informe.
Señala que la medida de traslado de maestros tiene 'un carácter temporal', la 'reducción (o) control del factor de riesgo es la única alternativa eficiente para garantizar que el riesgo desaparezca' y para ello, es necesaria 'la acción conjunta de las entidades del Estado y el funcionamiento expedito del sistema judicial'.
El documento, titulado 'Impacto de la violencia en 220 centros educativos de Tegucigalpa', fue presentado este martes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Save the Children.
Los marcos legales y las políticas públicas educativas de Honduras están diseñados para 'contextos no violentos y en ausencia de situaciones de desplazamiento forzado por violencia', lo cual supone 'un vacío en relación con la adecuación de la respuesta institucional'.
Los maestros asignados a zonas violentas manifiestan un 'claro impacto a nivel mental y emocional', ya que la extorsión, el acoso sexual, la impotencia, desconfianza y la estigmatización afectan su 'desempeño, la confianza en la institucionalidad y profundizan la fractura al interior de la comunidad educativa', señala el informe.
Asimismo, perciben 'altos niveles de indiferencia y desinterés ante su situación, a lo cual se suman las campañas de desprestigio que identifican en medios de comunicación en detrimento de su función y su rol al interior de las comunidades'.
El informe señala que, según cifras del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, entre 2016 y 2017 se registraron '1.445 casos en situación de riesgo o desplazamiento interno forzado' e identificó a los docentes como el tercer grupo más afectado.
'Las personas desplazadas tienen desconfianza de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país, debido a la ausencia de respuesta, atención en la investigación y persecución del delito, todo ello, contribuye a generar un ambiente generalizado de impunidad, corrupción y temor hacia estas instancias', se subraya en el documento.
El representante de Acnur, Andrés Celis, destacó 'la multiafectación' que pueden llegar a tener los docentes en su rol de 'construir democracia, prevenir y proteger jóvenes', pero también reconocer que 'dentro de ese rol va una amenaza directamente contra ellos'.
'La extorsión, la presencia de actores alrededor de los centros educativos que afecta su rol, las dificultades del Gobierno escolar y su rol pedagógico frente a los jóvenes', son los principales problemas que enfrentan los docentes, dijo Celis a Efe.
Celis instó a las autoridades hondureñas a 'escuchar' a los docentes e impulsar iniciativas orientadas a 'atender sus necesidades y riesgos' y protegerles.
Los docentes, según el estudio, identifican al Estado de Honduras como el 'actor principal responsable de proponer alternativas y brindar respuesta a las necesidades del gremio docente, y problemas de inseguridad, violencia, amenazas, extorsión que son los factores que provocan el desplazamiento forzado'.
El estudio señala que es importante diseñar e implementar 'medidas idóneas, integrales y efectivas' para los docentes en situación de riesgo y los ya desplazados por violencia, que incluyan 'acciones concretas para la mitigación del factor de riesgo'.
Además, es necesario diseñar 'la ruta de referencia de situaciones de desplazamiento forzado' entre las secretarías de Educación y de Derechos Humanos. EFE
