San Pedro Sula, Honduras.
El juicio oral y público contra el exalcalde Óscar Kilgore y tres de sus exfuncionarios deja en evidencia el desorden administrativo que por años ha imperado en la alcaldía sampedrana; y además las deficiencias con las que opera el Ministerio Público.
Los delitos por los que se le acusa son malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y uso de documentos públicos falsos.
Son hechos ocurridos hace más de 10 años; supuestamente en la Municipalidad se crearon microempresas para el barrido y limpieza de calles, usando cédulas y contratos de personas que nunca dieron este servicio a la alcaldía. Los cheques por estos servicios fueron emitidos, cobrados y cambiados, pero no por las personas que supuestamente firmaron contratos.
Ayer fue el segundo día del juicio oral y público en la sala 3 de los Tribunales de Sentencia, por la tarde fue suspendido y se reprogramó para el 18 de noviembre a las 9:00 am.
Tal como el proceso lo señala, comenzó la etapa de evacuación de pruebas testificales y documentales presentadas por el Ministerio Público. Desfilaron siete testigos entre, ellos Luis Paz, exempleado de Servicios Públicos, el extesorero Óscar Guerra, un motorista y dos personas que prestaron sus cédulas para apoyar un movimiento político, pero que fueron utilizadas para hacer contratos y emitir cheques; además una perito forense de documentos que tuvo que viajar de Tegucigalpa porque en el Ministerio Público de San Pedro Sula no hay ese tipo de profesionales.
Fue el extesorero Óscar Guerra que en su testimonio reveló que siendo un ingeniero fungió como tesorero municipal durante la gestión. Además que la Municipalidad tenía una serie de modalidades de contratación, empleados permanentes, temporales y varios. Que los contratos eran elaborados en Procuraduría y que al inicio de la administración se hacían los pagos con cheques, pero luego hubo reclamos y por eso la Municipalidad decidió que las planillas se pagaran en efectivo. “No existían procesos modernos para transparentar el control de ingresos”.
Según el extesorero, la Municipalidad es de un manejo complejo y en ese tiempo contaba con unos 2,600 empleados, de los cuales unos 50 trabajan en la tesorería. Los procesos explicados por el extesorero reflejan que muchas personas manejaban dinero en efectivo a diario y los controles de los ingresos eran manuales. Curiosamente, era el asistente de tesorería el encargado de pagar. A los corporativos se les pagaba en cheques, pero al resto de personal se le pagaba con dinero en efectivo. Los cheques salían a nombre del asistente y él se encargaba de cambiarlos.
El 95% de los cheques se emitían a nombre del asistente y según el extesorero es una práctica común. El asistente de tesorería llegó a cambiar entre 1,200 y 1,400 cheques que hicieron un monto de más de 800 millones de lempiras. El juicio marchaba sin problemas, pero un incidente que reveló la calamidad en que trabaja el Ministerio Público también quedó en evidencia y provocó que se suspendiera. Las fiscales tenían que haber entregado una copia de expedientes a los defensores, pero no lo hicieron con el argumento que no contaban con la logística para sacar las copias.
El juicio oral y público contra el exalcalde Óscar Kilgore y tres de sus exfuncionarios deja en evidencia el desorden administrativo que por años ha imperado en la alcaldía sampedrana; y además las deficiencias con las que opera el Ministerio Público.
Los delitos por los que se le acusa son malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y uso de documentos públicos falsos.
Son hechos ocurridos hace más de 10 años; supuestamente en la Municipalidad se crearon microempresas para el barrido y limpieza de calles, usando cédulas y contratos de personas que nunca dieron este servicio a la alcaldía. Los cheques por estos servicios fueron emitidos, cobrados y cambiados, pero no por las personas que supuestamente firmaron contratos.
Ayer fue el segundo día del juicio oral y público en la sala 3 de los Tribunales de Sentencia, por la tarde fue suspendido y se reprogramó para el 18 de noviembre a las 9:00 am.
Tal como el proceso lo señala, comenzó la etapa de evacuación de pruebas testificales y documentales presentadas por el Ministerio Público. Desfilaron siete testigos entre, ellos Luis Paz, exempleado de Servicios Públicos, el extesorero Óscar Guerra, un motorista y dos personas que prestaron sus cédulas para apoyar un movimiento político, pero que fueron utilizadas para hacer contratos y emitir cheques; además una perito forense de documentos que tuvo que viajar de Tegucigalpa porque en el Ministerio Público de San Pedro Sula no hay ese tipo de profesionales.
Fue el extesorero Óscar Guerra que en su testimonio reveló que siendo un ingeniero fungió como tesorero municipal durante la gestión. Además que la Municipalidad tenía una serie de modalidades de contratación, empleados permanentes, temporales y varios. Que los contratos eran elaborados en Procuraduría y que al inicio de la administración se hacían los pagos con cheques, pero luego hubo reclamos y por eso la Municipalidad decidió que las planillas se pagaran en efectivo. “No existían procesos modernos para transparentar el control de ingresos”.
Según el extesorero, la Municipalidad es de un manejo complejo y en ese tiempo contaba con unos 2,600 empleados, de los cuales unos 50 trabajan en la tesorería. Los procesos explicados por el extesorero reflejan que muchas personas manejaban dinero en efectivo a diario y los controles de los ingresos eran manuales. Curiosamente, era el asistente de tesorería el encargado de pagar. A los corporativos se les pagaba en cheques, pero al resto de personal se le pagaba con dinero en efectivo. Los cheques salían a nombre del asistente y él se encargaba de cambiarlos.
El 95% de los cheques se emitían a nombre del asistente y según el extesorero es una práctica común. El asistente de tesorería llegó a cambiar entre 1,200 y 1,400 cheques que hicieron un monto de más de 800 millones de lempiras. El juicio marchaba sin problemas, pero un incidente que reveló la calamidad en que trabaja el Ministerio Público también quedó en evidencia y provocó que se suspendiera. Las fiscales tenían que haber entregado una copia de expedientes a los defensores, pero no lo hicieron con el argumento que no contaban con la logística para sacar las copias.
