Tegucigalpa, Honduras.
Tras una audiencia de más de cinco horas, la jueza natural Alma Consuelo Guzmán ordenó ayer suspender de sus cargos y aplicar medidas cautelares a cinco diputados acusados por la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción (Ucefic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih) por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos.
Se trata de los legisladores Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Eleázar Alexander Juárez Saravia y Audelia Rodríguez Rodríguez, a quienes la Ufecic los acusa de pertenecer a una supuesta red de corrupción que recibía fondos públicos a través de una organización no gubernamental.
Además, la jueza ordenó la aplicación de seis medidas cautelares a Jeremías Castro Andrade, José Napoleón Panchamé Banegas y a
Geovanny Castellanos Deras, miembros de la Asociación Nacional de
Productores Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch).
Los legisladores y los ejecutivos de la ONG se presentaron voluntariamente a petición de sus defensores.
La audiencia de declaración de imputado comenzó a las 8:30 am y culminó a la 1:30 pm; la jueza determinó fijar la audiencia inicial para el 11 de enero a las 9:00 am en la sala de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los cinco parlamentarios recibieron fondos provenientes del Estado a través de la Anpibch supuestamente para la realización de proyectos sociales, fondos que según la investigación fueron a parar a las cuentas particulares de los acusados.
Durante la audiencia, la jueza natural preguntó a los acusados si deseaban prestar su declaración, sin embargo, los imputados expresaron su negativa a hacerlo.
Los fiscales del Ministerio Público ratificaron su acusación por el delito de malversación de caudales públicos en relación a la supuesta apropiación de 8.3 millones de lempiras, al tiempo que solicitaron la medida cautelar de detención judicial enmarcada en el artículo 292 del Código Procesal Penal, atendiendo al riesgo de fuga y la potencial obstrucción a los medios de y fuentes de prueba. Asimismo, el órgano acusador solicitó adicionalmente para los cinco diputados la suspensión en el ejercicio del cargo, contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, cuando se atribuye un delito contra la administración pública.
El mismo argumento fue expuesto por los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Defensa se opone
Por su lado, la defensa de los acusados se opuso a la pretensión del Ministerio Público asegurando que cada uno de los imputados tiene suficiente arraigo y están en toda la disposición de presentarse y comparecer a cada una de las etapas del proceso y a las audiencias que sean necesarias, según el mandato de la judicatura.
No obstante, la jueza rechazó la petición formulada por la defensa técnica de que imputados quedaran bajo su supervisión por ser parte interesada.
Una vez analizados los argumentos presentados por la partes, la magistrada considera que no se cumplen los presupuestos suficientes para considerar que existe un peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió imponer medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
Entre estas medidas están la prohibición de cambiar domicilio fijado en la audiencia, presentarse los días viernes de cada semana a los Juzgados penales donde tienen su domicilio, prohibición de salir del país, prohibición de personarse al Congreso Nacional y a la sede de la ONG Anpibch, prohibición de comunicarse con el presidente del Poder Ejecutivo y Legislativo o empleados o funcionarios que hayan laborado a partir del año 2015 o empleados y exempleados de la ONG y finalmente suspender a todos los imputados en el ejercicio de su cargo.
Al final, tres de los cinco diputados accedieron a hablar con los medios y defendieron su inocencia.
Tras una audiencia de más de cinco horas, la jueza natural Alma Consuelo Guzmán ordenó ayer suspender de sus cargos y aplicar medidas cautelares a cinco diputados acusados por la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción (Ucefic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih) por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos.
Se trata de los legisladores Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Eleázar Alexander Juárez Saravia y Audelia Rodríguez Rodríguez, a quienes la Ufecic los acusa de pertenecer a una supuesta red de corrupción que recibía fondos públicos a través de una organización no gubernamental.
| 8.2
Millones de lempiras
Es el monto de los fondos públicos que fueron desviados a través de Ampibch a las cuentas de los legisladores
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Los legisladores y los ejecutivos de la ONG se presentaron voluntariamente a petición de sus defensores.
La audiencia de declaración de imputado comenzó a las 8:30 am y culminó a la 1:30 pm; la jueza determinó fijar la audiencia inicial para el 11 de enero a las 9:00 am en la sala de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los cinco parlamentarios recibieron fondos provenientes del Estado a través de la Anpibch supuestamente para la realización de proyectos sociales, fondos que según la investigación fueron a parar a las cuentas particulares de los acusados.
Durante la audiencia, la jueza natural preguntó a los acusados si deseaban prestar su declaración, sin embargo, los imputados expresaron su negativa a hacerlo.
Los fiscales del Ministerio Público ratificaron su acusación por el delito de malversación de caudales públicos en relación a la supuesta apropiación de 8.3 millones de lempiras, al tiempo que solicitaron la medida cautelar de detención judicial enmarcada en el artículo 292 del Código Procesal Penal, atendiendo al riesgo de fuga y la potencial obstrucción a los medios de y fuentes de prueba. Asimismo, el órgano acusador solicitó adicionalmente para los cinco diputados la suspensión en el ejercicio del cargo, contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, cuando se atribuye un delito contra la administración pública.
El mismo argumento fue expuesto por los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Defensa se opone
Por su lado, la defensa de los acusados se opuso a la pretensión del Ministerio Público asegurando que cada uno de los imputados tiene suficiente arraigo y están en toda la disposición de presentarse y comparecer a cada una de las etapas del proceso y a las audiencias que sean necesarias, según el mandato de la judicatura.
No obstante, la jueza rechazó la petición formulada por la defensa técnica de que imputados quedaran bajo su supervisión por ser parte interesada.
Una vez analizados los argumentos presentados por la partes, la magistrada considera que no se cumplen los presupuestos suficientes para considerar que existe un peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió imponer medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
Entre estas medidas están la prohibición de cambiar domicilio fijado en la audiencia, presentarse los días viernes de cada semana a los Juzgados penales donde tienen su domicilio, prohibición de salir del país, prohibición de personarse al Congreso Nacional y a la sede de la ONG Anpibch, prohibición de comunicarse con el presidente del Poder Ejecutivo y Legislativo o empleados o funcionarios que hayan laborado a partir del año 2015 o empleados y exempleados de la ONG y finalmente suspender a todos los imputados en el ejercicio de su cargo.
Al final, tres de los cinco diputados accedieron a hablar con los medios y defendieron su inocencia.
