A 70 de los 90 oficiales que, de la noche a la mañana se quedaron sin asignación por orden del director policial, Juan Carlos Bonilla, la notificación se les habría hecho de forma verbal.
Esos 90 oficiales no tienen asignación, pero se les mantiene sus salarios y demás derechos laborales, en virtud de lo cual el Estado eroga unos 2.7 millones de lempiras al mes.
Según los informes recabados, Bonilla aprobó circulares mediante las cuales citaba a policías para que se presentaran a la sede de la Policía Nacional en Tegucigalpa, para recibir una nueva asignación. No obstante, al llegar a la Policía, personal de esa entidad les indicaban, verbalmente, a los elementos que ya no tenían asignación y que esperaran instrucciones para darles nuevas tareas.
A otros 20 oficiales se les notificó que quedaban relevados de sus cargos y que pasan a “disposición de la Dirección de la Policía Nacional”. Mediante estos dos procesos, los 90 policías quedaron sin asignación, algunos con funciones y otros no, pero no en condición de disponibilidad.
El viernes pasado trascendió un altercado verbal entre Bonilla y Arturo Corrales, por la revisión de cada caso de los policías sin asignación.
A Bonilla se le habría informado que esos policías debían recibir una asignación, en caso de no existir méritos para ponerlos en disponibilidad. Ayer el viceministro de Seguridad, Francisco Javier Lima Bueso, comentó que el ministro Arturo Corrales “le ha dado un voto de confianza al director Juan Carlos Bonilla”. Sobre las supuestas discrepancias dijo: “Yo le pido por favor a los medios no propagar este rumor, porque eso nos mina la moral y da una mala imagen a la institución”. Aseguró que entre ambos funcionarios hay buena relación y desarrollan un trabajo coordinado.
