Tegucigalpa, Honduras.
El proceso de selección de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Junta Nominadora ha hecho que varios integrantes de este grupo se sientan presionados en sus funciones hasta el punto de asegurar que sus teléfonos móviles están intervenidos.
Desde 2015, algunos miembros señalaron que era probable que sin el permiso correspondiente los estaban escuchando; sin embargo, fue hasta ayer que varios miembros denunciaron ante los medios de comunicación y las autoridades que sus teléfonos están intervenidos.
“Estoy muy preocupado de que tengan mi teléfono intervenido, ya no se puede ni hablar con la familia. Deben de respetar nuestras cosas, no he podido platicar nada con nadie”, manifestó el representante de los trabajadores en la Junta Nominadora, Alfredo Ponce.
Según Ponce, la preocupación en la Junta es extrema, por lo que recibieron a miembros de la Policía Nacional la mañana de ayer. Sin embargo, el vocero de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, afirmó que ninguna dependencia policial se ha presentado al lugar.
“Esto lo están haciendo para controlarnos el pensamiento y la agenda de la Junta. No hay respeto por la intimidad porque hay algunas conversaciones que son eminentemente privadas y no es agradable saber que nos están escuchando. Esto genera inseguridad jurídica y debe de erradicarse, está prohibido”, expresó el representante del claustro de profesores de ciencias jurídicas en la Junta, Jorge Herrera.
Sobre la seria denuncia, el presidente del Colegio de Abogados, José Luis Valladares, informó en su cuenta de Twitter que la Dirección de Inteligencia investigará al respecto.
Otro miembro de la Junta, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, reaccionó preocupado. “Hay una preocupación, no solo estamos como participantes sino como supervisor del cumplimiento del estado de derecho. Esto nos preocupó y como Conadeh estamos investigando los elementos de que todos los teléfonos podrían estar intervenidos. Pero la intervención no solo puede provenir de autoridades, también de sectores particulares”, denunció Herrera.
Las escuchas telefónicas y la vigilancia con cámaras ocultas de las que serían víctimas los miembros de la Junta Nominadora podrían venir del crimen organizado. Ayer, los 14 integrantes tuvieron una reunión con agentes de seguridad del Estado, quienes informaron sobre el inicio de la investigación.
El proceso de selección de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Junta Nominadora ha hecho que varios integrantes de este grupo se sientan presionados en sus funciones hasta el punto de asegurar que sus teléfonos móviles están intervenidos.
Desde 2015, algunos miembros señalaron que era probable que sin el permiso correspondiente los estaban escuchando; sin embargo, fue hasta ayer que varios miembros denunciaron ante los medios de comunicación y las autoridades que sus teléfonos están intervenidos.
“Estoy muy preocupado de que tengan mi teléfono intervenido, ya no se puede ni hablar con la familia. Deben de respetar nuestras cosas, no he podido platicar nada con nadie”, manifestó el representante de los trabajadores en la Junta Nominadora, Alfredo Ponce.
Según Ponce, la preocupación en la Junta es extrema, por lo que recibieron a miembros de la Policía Nacional la mañana de ayer. Sin embargo, el vocero de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, afirmó que ninguna dependencia policial se ha presentado al lugar.
“Esto lo están haciendo para controlarnos el pensamiento y la agenda de la Junta. No hay respeto por la intimidad porque hay algunas conversaciones que son eminentemente privadas y no es agradable saber que nos están escuchando. Esto genera inseguridad jurídica y debe de erradicarse, está prohibido”, expresó el representante del claustro de profesores de ciencias jurídicas en la Junta, Jorge Herrera.
Sobre la seria denuncia, el presidente del Colegio de Abogados, José Luis Valladares, informó en su cuenta de Twitter que la Dirección de Inteligencia investigará al respecto.
Otro miembro de la Junta, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, reaccionó preocupado. “Hay una preocupación, no solo estamos como participantes sino como supervisor del cumplimiento del estado de derecho. Esto nos preocupó y como Conadeh estamos investigando los elementos de que todos los teléfonos podrían estar intervenidos. Pero la intervención no solo puede provenir de autoridades, también de sectores particulares”, denunció Herrera.
Las escuchas telefónicas y la vigilancia con cámaras ocultas de las que serían víctimas los miembros de la Junta Nominadora podrían venir del crimen organizado. Ayer, los 14 integrantes tuvieron una reunión con agentes de seguridad del Estado, quienes informaron sobre el inicio de la investigación.
