Nadie sabe de dónde ni cómo llegaron, pero desde 2008 unas ocho familias se instalaron en la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano en el lugar conocido como Musing que pertenece al municipio de Iriona, Colón. Desde su arribo, la zona más espesa del bosque comenzó a ser víctima de los nuevos pobladores que sin piedad han talado 1,285 hectáreas de árboles.
Son alrededor de 58 personas entre hombres, mujeres y niños que buscaron esta zona a pesar del difícil acceso. Se necesitan al menos cuatro días para llegar a la comunidad adonde se instalaron y construyeron sus viviendas de bahareque, señala Marco Espinoza, director regional de la Biosfera del Río Plátano.
Ante la negativa de los invasores a desocupar las zonas invadidas, el Ministerio Público intervendrá. Fiscales se alistan para ejecutar órdenes de desalojo y captura para los líderes de las familias que se han dedicado a depredar una parte de la biosfera.
“La parte núcleo de la biosfera es una parte que está intacta, es una selva virgen, por lo tanto se debe frenar el avance que se da hacia esa zona. Si dejamos que se altere más el ecosistema la pérdida de biodiversidad es incalculable”, manifestó Espinoza.
El desalojo
En agosto de 2009 estaba previsto el desalojo de las familias de Musing, pero la situación política que envolvió al país detuvo el plan.
El tiempo pasó y los daños aumentaron. Han transcurrido 19 meses y las ocho familias continúan en la zona a pesar de que los informes que han elaborado los técnicos del Instituto de Conservación Forestal, ICF, reflejan que la deforestación en Musing ha ido en aumento.
“Se pensaba que las ocho familias serían reubicadas inmediatamente que se emitieron las órdenes de desalojo, pero por situaciones de logística y accesibilidad, el Ministerio Público ha venido posponiendo el cumplimiento de esas órdenes. Se espera el verano para sacar a esta gente”, sostuvo.
Los únicos dos fiscales del Ambiente que tiene el Ministerio Público en Olancho afirmaron que la falta de logística y accesibilidad imposibilitan su trabajo.
“Hay una orden de desalojo que se ejecutará en Musing por los fiscales de Colón. Nosotros en la zona tenemos previstas otras órdenes que se han venido posponiendo. En ocasiones, el factor climático no permite el desalojo de personas que están afectando la biosfera. Se necesitan helicópteros para ingresar a algunas zonas. Lo económico y la falta de personal no nos han hecho posible cumplir con los requerimientos”, manifestó Marvin Orellana, fiscal del Ambiente en Olancho.
Abundan las limitaciones
En la Fiscalía de Olancho hay asignados siete fiscales que deben cubrir los 18 municipios del departamento más grande del país; sólo dos son del Ambiente.
Afirman que así como es de grande el espacio geográfico en el que les toca trabajar, también lo son las dificultades que deben sobrellevar.
Por lo general encuentran respaldo en el Ejército con quien complementan su trabajo ante la serie de amenazas y obstáculos que enfrentan en la zona.
“Hay detenidos capturados in fraganti. Al ser llevados ante el Ministerio Público, en el camino se pasa el término de las 24 horas que es el tiempo de flagrancia. Carecemos de muchas cosas, como recurso humano y apoyo logístico”, señaló el fiscal, quien además dijo que por su trabajo “no recibimos presiones políticas ni nos prestamos para situaciones ilegales”.
El funcionario del Ministerio Público sostuvo que en los delitos contra el ambiente y el bosque no deja de tener alguna vinculación el tráfico de drogas, que forma parte del crimen organizado.
“Es algo que no desconocemos. Nos encontramos pistas clandestinas cuando hacemos el trabajo en las comunidades. Queremos combatir el narcotráfico y los problemas del ambiente. No tenemos el equipo necesario para nuestro trabajo, no hay dinero ni para combustible y sólo tenemos un vehículo que tiene que trasladar los cadáveres hasta Tegucigalpa, pasamos de jalón con ayuda de otras instituciones”, manifestó Orellana.
Ejercen con temor
Los fiscales saben que su trabajo los expone, prueba de ello es que de doce fiscales asignados en Olancho, cinco decidieron pedir traslado o renunciar ante las amenazas que recibían de grupos criminales cuando tenían que cumplir con su trabajo.
“Es increíble cómo el crimen organizado tiene tanta capacidad. Tenemos temor, pero es natural, aquí las cosas no son fáciles. Nos preocupa porque siendo Olancho un departamento tan importante no se le preste la atención a la serie de problemas que enfrentamos”, manifestó Olga Flores, coordinadora del Ministerio Público en Olancho.
“No se ha dimensionado el verdadero problema, lo han tocado por encima, carecemos de recursos y protección para atacar de forma directa los delitos. Pedimos que nos den un mayor apoyo con más personal y logística para tener mayores resultados. Aún con las limitaciones que tenemos tratamos de dar el 100%, ponemos todo de nuestra parte y hasta de nuestro dinero y lo hacemos con mucho gusto”.
En Campamento, el cumplimiento de órdenes de captura en febrero de este año puso en peligro la vida de los fiscales cuando una turba trató de impedir sus labores y quemó el vehículo en que viajaban.
