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Incertidumbre por quién cuidará de los animales del zoológico

  • 20 septiembre 2013 /

El zoológico Joya Grande está en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.

El Zoológico y Eco-Parque Joya Grande, incautado el jueves por las autoridades de Honduras por ser una de las propiedades vinculadas al grupo de narcotrafico llamado Los Cachiros, está ubicado a pocos kilómetros de la comunidad de Santa Cruz de Yojoa.

Este extraordinario zoológico cuenta con animales de Honduras y también con especies de otras partes del mundo. En total, hay 58 especies de animales donde destacan: jirafas, leones africanos, avestruces y caimanes que conviven con tigrillos, guatusas y tepescuintles.

El zoológico también incluye un ecoparque con piscina, cabañas, senderos esológicos, restaurantes, área de juegos para niños y cuevas naturales. Además cuenta con un canopy de nueve cables, buggy, cuatrimotos, una pista 4×4 y el “tour anfibio” que le permite recorrer las montañas cercanas, cuevas, ríos y montañas en 50 minutos.

Dentro de las instalaciones, también hay pistas tipo “GO KARTS” y un complejo para jugar “paintball” y lujosas cabañas.

El parque pasó a ser manejado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oabi, mientras un juez determina si traspasa o no al Estado. El CN analiza la reforma a las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del prespuesto donde establece que el Gobierno hará uso inmediato de los bienes y recursos incautados al narcotráfico haya o no sentencia definitiva. Tras la incautación, ahora la pregunta es ¿qué suscederá con los animales y quién cuidará de ellos?

Humberto Palacios Moya, director de la Oabi, dijo a LA PRENSA que la población no debe temer que se cerrarán los negocios, al contrario se garantiza su operatividad.

La incautación de Joya Grande y otras propiedades surge luego de que en un informe emitido por el Departamento del Tesoro en Washington se anunciara la designación de siete individuos y cinco empresas ligadas a la organización de tráfico de drogas hondureña Los Cachiros, cuyos líderes son los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, quienes juegan un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.

Bienes incautados se podrán usar con o sin sentencia

El Gobierno hará uso inmediato de los bienes y recursos incautados al narcotráfico haya o no sentencia definitiva, según una reforma a las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada la noche del miércoles por el Congreso Nacional.

La reforma pasó en único debate, ante la urgencia del Gobierno de captar recursos para apoyar presupuestariamente al Ministerio Público, a la Policía con su fuerza Tigres y a la Secretaría de Defensa con la Policía Militar.

El decreto aprobado en su exposición de motivos establece que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) se ha visto limitada en la distribucion de los bienes antes de que se dicte sentencia y que la misma quede firma.

El decreto establece en su único artículo: “Reformar el artículo 201 de las Disposiciones Generales del Decreto 226-2012, el que deberá leerse así: Artículo 201. La distribución de los valores y bienes incautadosm que administra la Oficina Administradora de Bienes Incautados son ditribuidos de conformidad con los porcetajes establecidos por la Ley, haya o no sentencia definitiva”.

El diputado proyectista, Mario Pérez, presidente de la Comisión Especial de Seguridad, brindó una breve explicación, en el sentido que la reforma permite que la Oabi, cuando tenga administración de dinero en efectivo, sean lempiras, dólares o cualquiera otra moneda, pueda hacer una distribución de ese dinero a los diferentes operadores de justicia.

Concretamente, la reforma permite la distribución de ese dinero antes de que los jueces emitan sentencia sobre los procedimientos que se hayan incoado por las incautaciones, explicó.

Advirtió que si posteriormente los jueces ordenan la devolución del dinero y de los bienes, el Estado deviene obligado a hacerlo. Afirmó que muchas veces el dinero se ha dañado en las bodegas del sistema judicial.