Personal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) ejecuta inspecciones y cortes del servicio a ciudadanos que se han conectado ilegalmente.
Óscar Paguada, gerente noroccidental de esa entidad del Estado, informó que en las últimas semanas han detectado que más de 4,000 viviendas obtienen el líquido de manera clandestina, luego que fuese suspendido por mora.
El Sanaa tiene un total de 11,400 abonados en la Perla del Ulúa. Un buen porcentaje de estos tienen suspendido el servicio por adeudarle a la empresa. Otros han tomado planes de pago para lograr nuevamente la reconexión.
“Con la acción no buscamos afectar a los usuarios, al contrario, si todos están al día y de manera legal, nosotros no enfrentaríamos problemas para mantener el abastecimiento las 24 horas del día”, expresó Paguada.
Multas
El funcionario explicó que varias cuadrillas revisan barrio por barrio para detectar los sitios donde se estaría hurtando el recurso. Una buena cantidad de ciudadanos ya fueron sancionados con multas calculando el gasto por dos años en comparación con el último gasto de cuando se le suspendió el líquido.
Indicó que los pegues ilegales están ocasionando considerables pérdidas económicas a la institución, ya que esa agua no es facturada y para ser tratada se invierten miles de lempiras.
Junto a esa labor, la estatal desarrolla junto a los habitantes de las comunidades de la montaña Mico Quemado un programa de reforestación de los nacimientos naturales.
