La Ley de minería ha causado división hasta en la misma Iglesia católica y ahora el tema central es si se reforma o deroga la actual norma, aunque parece que el camino ya fue trazado y hoy continúa el tercer y último debate de la misma en el Congreso Nacional.
La comisión de dictamen presidida por el diputado Arnoldo Avilez, optó por seguir el proyecto de ley que fue presentado por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el cual establece reformas al decreto No. 292-98, de fecha 2 de noviembre de 1998.
El obispo de Occidente, Luis Alfonso Santos, es del criterio que esa ley no se debe reformar, sino derogar, en función de que los beneficios económicos son muy pocos para el Estado y para las comunidades el daño ambiental es cuantioso.
En lo que coinciden los sectores es que las minas están contaminando el ambiente y es muy poco el beneficio económico y social para el Estado y las comunidades, por lo que algunos piensan que el problema se resuelve reformando la ley, aunque otros piden eliminarla.
El cardenal Rodríguez ha participado en marchas ambientales contra Entremares, una empresa ubicada en el Valle de Siria, en Francisco Morazán; mientras, el obispo Santos ha encabezado tomas y marchas en Occidente, ambos por la misma causa.
“Hemos sido testigos de las luchas en el Valle de Siria, La Labor, Ocotepeque y otros municipios por la defensa del agua, la tierra, el bosque y de igual forma somos testigos cómo la conciencia ambiental de la ciudadanía y los gobiernos locales aumentó y al sentirse huérfanos de sus autoridades, realizaron jornadas, manifestaciones, cabildos abiertos en muchas partes del país”, dijo Rodríguez.
Llamó a las autoridades para que den respuesta sobre la contaminación por arsénico y mercurio en las aguas superficiales del Valle de Siria, que desde abril del 2004 interpusieron los pobladores.
“No se puede seguir entregando las riquezas del país por unas migajas que caen de la mesa, no podemos seguir concesionando nuestro país con los enormes vacíos de la actual legislación y que dejan a la ciudadanía en la indefensión. Es urgente reformar la Ley de minería, con la poca regulación de la actual, la actividad minera no es ambientalmente sostenible, no genera beneficio real a las comunidades y no es económicamente rentable para el Estado; no nos oponemos al aprovechamiento de los recursos naturales, necesitamos desarrollar el país pero no a cualquier costo”.
El obispo Santos para hacerse sentir en torno a la solicitud de derogación de la ley minera, realizó tomas de carreteras y plantones en Occidente y hasta se atrevió a revelar que las mineras estaban financiando funcionarios y diputados oficialistas para las próximas elecciones, para que les aprueben las reformas.
Denunció que las mineras habían pagado el alojamiento de hotel al diputado Arnoldo Avilez, presidente de la comisión de dictamen de la Ley, cuando éste permaneció por tres días de junio pasado, en Santa Rosa de Copán, averiguando una denuncia sobre la contaminación ambiental que causan las mineras en el Occidente del país.
“La minería en el país lo único que ha dejado es cáncer, contaminación en los ríos y abortos en las mujeres embarazadas”, dijo Santos.
Agregó que Honduras no tiene capacidad para explotar los minerales y cualquier otro recurso; añadiendo que tiene en su poder documentación donde se señala que 35 mil kilómetros del territorio hondureño están concesionados.
“La comisión de minas del Congreso dijo que quería subir 2.50 lempiras al canon, 1.50 al pueblo y 0.50 al Gobierno. ¿Cómo nos van a pagar los daños ambientales con eso? las lagunas erosionadas que quedan, están haciendo hoyos de 350 metros con tractor, sacando la broza con cianuro: nos están matando”.
Mientras las partes debaten sus ideas en favor del pueblo, hoy continúa en el Congreso el tercer debate de esta ley, que pretende reformas puntuales a 26 artículos, más la adición de 13 nuevos y se propone la creación de un capítulo relacionado al aprovechamiento de los recursos minerales.
En materia tributaria, el dictamen a discutir hoy establece que las concesiones mineras tienen dos niveles: El nacional, que es un canon a favor de la Tesorería General de la República, diferenciado entre la minería metálica y la no metálica (el primero no sufre modificación, el segundo se incrementa a un máximo del equivalente de diez dólares por año en atención a la actualización de su monto y de la sustancial reducción de la cantidad mínima de hectáreas solicitadas).
En el nivel municipal, además de las tasas correspondientes se incluye un impuesto municipal para la minería metálica, el que se incrementa del uno por ciento vigente a dos por ciento, el que se distribuye en dos partes.
Además se prohíbe la explotación de una mina cuando afecte zonas del sistema nacional de áreas protegidas, zonas declaradas por autoridad competente como de abastecimiento de agua o vocación turística; de recuperación y mitigación ambiental; ciudades y núcleos poblacionales organizados y, las excluidas por ley, compromiso internacional o acuerdo gubernativo.
Estableciendo mecanismos de franjas de protección por la vía
reglamentaria.
Se reafirma la obligatoriedad para el titular minero en general, de
cumplir con las medidas de mitigación y control ambiental y se incorpora en el Estudio de Impacto Ambiental los requisitos del Estudio Hidrológico y propuesta de cierre o abandono.
El dictaminador Avilez dijo que se derogará el artículo 73 de la ley, que es el escudo protector de las mineras para no pagar impuestos.
Consecuencias
Daños podrían seguir
Una de las consecuencias es que al reformar la actual ley, las empresas mineras establecidas no se someterán a estas reformas que se hagan.
Seguurá explotación
Una de las principales quejas es la explotación a cielo abierto y al menos las cuatro mineras con licencia lo podrán seguir haciendo.
Imposible operar
Un riesgo que se corre, de acuerdo a directivos mineros, es que al impedir la explotación a cielo abierto no habrá forma de sacar los metales.
Vendrá en desventaja
Las nuevas empresas que vengan al país llegarán en desventaja en relación a las que ya están, pues se les aplicará una ley más rigurosa.
Daños ambientales y subdesarrollo provocan las minas, según los pobladores.
Julio 2004
El cardenal Rodríguez entregó anteproyecto al Congreso.
Agosto 2006
El Congreso Nacional aprobó en dos debates las reformas.
La ley de minería divide a personalidades políticas y religiosas
A favor de las reformas:
“Derogar la Ley de minería implicaría demandas contra el Estado pues son acuerdos adquiridos”.
Roberto Micheletti
Presidente del Congreso Nacional
“Estas empresas no están dejando ambientalmente nada favorable y económicamente tampoco”.
Óscar Andrés Rodríguez
Cardenal
“El pleno del Congreso determinará si se aprueban o no las reformas propuestas”.
Arnoldo Avilez
Dictamiandor de ley
Piden la derogación:
“Derogar la actual Ley de minería es detener de una vez por todas la contaminación en las comunidades”.
Luis Alfonso Santos
Obispo
“En el Congreso, la posición de Santos es avalada por el partido Unificación Democrática”.
Silvia Ayala
Diputada UD
'La nueva ley garantizará un mejor control, pero depende de quiénes la ejecuten para que resulte funcional”.
Roberto Elvir
Director de Defomín
Cifras
195
Millones
De lempiras pagó el año pasado la industria minera en salarios a los empleados.
26
Artículos
Contienen las reformas, por lo que esta semana podría aprobarse dicha propuesta.
“Prohibir minería a cielo abierto no es sensato”
El presidente de la Asociación de Minería Metálica en Honduras, Anamimh, Santos Gabino Carbajal, manifestó que diversos intereses tienen en la picota pública el tema de minería y señaló que si no se hace a cielo abierto la explotación metálica desaparecerá.
“A las autoridades les hace falta información y verdad para sustentar que no es conveniente la minería a cielo abierto. La mayor mina de oro y plata están diseminadas en pequeñas partículas en la corteza de la tierra, no se puede aprovechar con minería subterránea, entonces esa prohibición permitirá que no se explote la minería, la intención de prohibirla no es sensata, es un daño al país, lo correcto es establecer los mecanismos de control, protección, conservación y rehabilitación de la capa terrestre que pueda ser removida”.
Recomendó darle mayor pensamiento a esa idea en el Congreso Nacional.
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“Lo que pedimos es que se nos trate como a cualquier otra industria, que no se nos diabolice porque la minería es buena, entonces no es tan mala. Además, eso de el impedimento a cielo abierto no estaba en el anteproyecto del cardenal”, concluyó.
“Estudios revelan concentraciones de metales en quebradas”
La Asociación de organismos no gubernamentales, Asonog, realizó un estudio junto al laboratorio del centro de investigaciones acuáticas de la Universidad Autónoma de Nicaragua, en el cual revelan que las aguas de los ríos y quebradas de Santa Rosa de Copán están siendo contaminadas por diversos minerales explotados por las mineras.
“La situación es preocupante, mas si consideramos que las muestras fueron tomadas en tiempo de verano cuando estas compañías no realizan las descargas”, manifestó Purificación Hernández, miembro de dicha asociación.
Las muestras fueron enviadas al laboratorio en el mes de mayo. Según los resultados, la presencia de metales pesados en las aguas del río Lara, uno de los principales afluentes del río Higuito, que abastece de agua potable a la ciudad de Santa Rosa de Copán son considerables.
Los miembros de la alianza cívica, en conferencia de prensa en esta ciudad, manifestaron que esperan que las autoridades gubernamentales tomen las medidas necesarias para monitorear de manera permanente las descargas efectuadas y asegurar la vida de los pobladores, de lo contrario manifiestan que tomarán medidas de presión. Hoy buscarán ser escuchados en el Congreso Nacional.
Permisos
Los miembros de dicha alianza se manifestaron preocupados por un permiso que, al parecer, la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, otorgó a una compañía minera para la explotación de los cerros gemelos en una comunidad de este municipio.
“No sólo hay contaminación ambiental, sino se está deforestando. Los pobladores están preocupados y atemorizados porque no quieren ni hablar”, dijo el residente de la comunidad de San Andrés, Quintín Miranda.
Anunciaron que realizarán estudios clínicos para comprobar los padecimientos que están sufriendo los pobladores afectados.
