Honduras obtuvo su puntuación más baja desde 2012 en la divulgación del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.
El país centroamericano, calificado entre 180 países, se ha estancado en crisis por corrupción en todas las esferas de la vida social y política al punto de considerarse que ha tenido “escaso o ningún progreso” en los últimos diez años.
En una escala que va desde cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), Honduras, en 2021, obtuvo una media calificativa de 23 (24 en 2020), descendiendo así un lugar y ubicándose en el puesto 157 de 180 (se mantiene).
Honduras supera a varios países de África y es “estandarte” por corrupción en Latinoamérica, según el estudio de Transparencia Internacional.
En América, Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y Estados Unidos (67) se posicionan entre los más transparentes, mientras Venezuela (14), Haití (20), Nicaragua (20) y Honduras figuran entre los más corruptos.
En Centroamérica, Honduras es superado por Costa Rica (58), Panamá (36), El Salvador (34) y Guatemala (25). Solo supera a Nicaragua.
Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró: “Pese a muchos esfuerzos de distintos actores, incluyendo la sociedad civil, la corrupción se resiste a ceder. Los abusos de poder, la opacidad y discrecionalidad en el manejo de fondos del Estado han permitido que este flagelo no pierda fuerza, provocando violaciones de derechos humanos y sociales en ámbitos que van desde la educación hasta la salud. Para que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan, urge fortalecer las instituciones, garantizar espacios de participación ciudadana y el respeto a los defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción”.
SITUACIÓN DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN EN CENTROAMÉRICA
El informe muestra especial preocupación por la situación en Centroamérica, donde alerta del creciente autoritarismo en Nicaragua y El Salvador.
En Nicaragua, la concentración de poder ha permitido que el gobierno de Daniel Ortega viole los derechos humanos y se burle del sistema electoral, denuncia la ONG.
En El Salvador, el gobierno de Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes.
En Honduras, el flagelo de la criminalidad, impulsada por la práctica del narcotráfico, ha socavado el espectro político y gubernamental, creando un brazo fulminante de corrupción que agota instancias que afectan a una población que se aproxima a superar los diez millones.
